MUNICIPALIDADES CONSTRUIRÁN ACERAS SIN COBRARLE A CONTRIBUYENTES DE ESCASOS RECURSOS

• Proyecto dictaminado en Comisión de Asuntos Municipales.

San José, 30 de julio de 2013. Las municipalidades de todo el país podrán construir las aceras frente a las propiedades de los contribuyentes de escasos recursos sin tener que cobrarles y, previo a un estudio socioeconómico.

Así se determina en un proyecto de ley, iniciativa de la diputada liberacionista Siany Villalobos y dictaminado hoy por la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

La proponente, quien también preside la comisión dictaminadora, explicó que el proyecto “viene a favorecer a esas personas que no tienen las condiciones para poder pagar la acera frente a su casa y se le soluciona un problema a los alcaldes pues la intención de estos funcionarios no es provocar un problema social con el cobro de aceras que son necesarias para la comunidad”. (AUDIO)

El proyecto adiciona un párrafo final al artículo 75 del Código Municipal para facultar a los municipios a que, previo un estudio de las condiciones socioeconómicas de los propietarios o poseedores, pueda construir por su propia cuenta las aceras y darles mantenimiento, con el fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los habitantes del cantón, así como brindar una mejor accesibilidad y embellecer los cuadrantes o calles, sin que deba cobrar suma alguna a los beneficiados.

Actualmente, los municipios construyen aceras pero cargar el costo al contribuyente quien debe pagarlo en un plazo de 8 días,pues, de lo contrario, se le cobra una multa del 50% del valor de la obra, más los intereses moratorios correspondientes.

La diputada Siany Villalobos agregó que “esta propuesta también viene a fortalecer el cumplimiento de disposiciones de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a construir aceras para dar cumplimiento a la Ley de Igualdad de Oportunidades”.

El nuevo párrafo que se adiciona en el proyecto, establece la autorización de manera excepcional, es decir no en todos los casos. Debe demostrarse mediante un estudio, que los propietarios o poseedores no tienen los recursos económicos suficientes para emprender la obra cuando la inexistencia o mal estado de la acera, ponga en peligro la seguridad e integridad o se limite la accesibilidad de los peatones.

Read more

Comisión de Municipales dictamina proyectos en beneficio de comunidades de Barva de Heredia

San José, 23 de julio de 2013. La Comisión Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, presidida por la diputada liberacionista, Siany Villalobos, dictaminó este martes dos proyectos de ley que benefician a comunidades de Barva de Heredia.

En primer término, la comisión dictaminó el proyecto de ley 18698, el cual propone la desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Barva de Heredia, la cual lo donará a la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro.

Esta propiedad será destinada a convertirla en un pulmón para la protección del medio ambiente y el fomento de una vida más sana, así como un ambiente más saludable y equilibrado, brindando a la comunidad de San Pedro un espacio donde estar en contacto con la naturaleza.

El otro proyecto dictaminado afirmativamente, es el 18704, mediante el cual se desafecta un lote propiedad también de la Municipalidad de Barva para donarlo a la Asociación de Desarrollo Específica Pro Obras Varias de Puente Salas. La propiedad será destinada a la construcción de un centro de atención al adulto mayor.

En la Comisión estuvieron presentes los verdiblancos Alfonso Pérez Gómez y Juan Bosco Acevedo Hurtado.

Read more

Justificación del voto negativo a reelección del Magistrado de la Sala Constitucional

Tan solo un par de semanas atrás nuestro país vivió una “crisis” institucional inédita que, en criterio de algunos, fue provocada por una histórica votación legislativa (por cierto una votación calificada de 38 diputados y diputadas pertenecientes a 5 fracciones políticas de 7 representadas en este Plenario Legislativo) cuyo resultado fue la no reelección de un señor magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

No pretendo hoy profundizar en las facultades constitucionales que tiene este Parlamento para hacer lo que una mayoría de sus integrantes decidió hacer, o si el plazo de votación fue extemporáneo o no; ni tampoco voy entrar a dilucidar si este tema fue sobredimensionado por algunos actores de la vida pública nacional. Tiempo al tiempo para que cada quien asuma su responsabilidad en el manejo de un tema tan sensible, que pudo haber desembocado en consecuencias sociales nunca antes vividas desde la fundación de nuestra segunda República allá por el año 1948.

Una vez que la calma ha regresado, que los discursos incendiarios han bajado su intensidad y que los ánimos se encuentran más mesurados, considero que éste es un momento propicio para exponer, con claridad y transparencia, las razones que me motivaron para oponerme a la continuidad en el cargo de un magistrado constitucional.   

Esta diputada ha sido crítica en términos generales de la labor desplegada por la Sala Constitucional. Jamás he cuestionado el trabajo individual de sus integrantes y tampoco he realizado señalamientos cuando existen votos salvados en determinados temas de interés nacional. Desde esa óptica, mi inconformidad contra dicha Sala siempre ha sido de forma integral y no contra uno de sus jueces en particular, en este caso el señor Fernando Cruz Castro.

Tal malestar no es nuevo y en por lo menos 2 ocasiones he expresado mi pensamiento sobre el accionar extralimitado de la Sala. Así por ejemplo, en el acta de la sesión plenaria nº 45, celebrada el 20 de junio de 2010, esta legisladora llamó la atención sobre los alcances del voto 11352-2010, toda vez que dicho tribunal le impuso a este Congreso qué debía legislar, cómo legislar y, además, en qué plazo debía aprobar una reforma constitucional y reglamentaria para incorporar el deber de probidad como causal de cancelación de la credencial de los legisladores.  

Manifesté en aquel momento, entre otras ideas, que ello representaba no solo un abuso de poder por parte de los magistrados constitucionales, sino que también una total extralimitación de sus competencias legales, constituyendo una inaceptable violación al principio de separación e independencia de Poderes. Dije, adicionalmente, que en el tanto la Sala Constitucional siguiera actuando de esa forma, el Parlamento no tendría razón de ser y que la potestad de legislar ya no residiría más en el pueblo, delegada en 57 diputados electos por medio del sufragio, sino que sería una potestad propia y exclusiva de 7 magistrados que no poseen ninguna representatividad: es decir, sería una sustitución de este parlamento como primera fuente para la toma de decisiones políticas.

Posteriormente, en el acta de la sesión plenaria nº 151, realizada el 5 de marzo del año en curso, volví a manifestarme en contra de la Sala Constitucional, pero esta vez a raíz de la orden girada al Poder Ejecutivo de suspender el trámite de sanción y publicación de la Ley Antitabaco, la cual había sido válidamente aprobada en segundo debate por este Plenario. Hice énfasis, en esa oportunidad, que la Sala debía respetar y aplicar las reglas de la democracia a fin de no caer en una especie de “dictadura de los jueces”, en donde el contenido normativo de la Constitución Política podría crearse de forma antojadiza atendiendo criterios de voluntad individual o del grupo que integra el tribunal en un momento dado, en claro detrimento de uno de los pilares en que se afirma el Estado de Derecho: la seguridad jurídica.

Compañeros diputados y diputadas, mi votación entonces no es producto de revanchas o del “cobro” de facturas pendientes como han dicho por ahí. Mi proceder no involucra asuntos personales ni nada por estilo, fue una manera de reafirmar mi desacuerdo con el proceder de la Sala, por tanto, mi voto negativo resulta consecuente con mis argumentos y bajo ninguna circunstancia debe verse como una sorpresa.

Quienes verdaderamente me conocen saben que siempre voy de frente, sin juegos por debajo de la mesa ni maquinaciones perversas. Incluso voy más allá: mi voto negativo representa lo que piensa el ciudadano costarricense sobre este tema. Según una encuesta realizada por CID Gallup para el diario La República en setiembre de 2010, casi 7 de 10 consultados concordaron que es necesario ponerle límites a la Sala, pues piensan que se está extralimitando en sus funciones, asimismo, un 62% de los encuestados consideró que los magistrados en vez de hacerle un bien al país con sus decisiones, la afectan negativamente.

El sentimiento de no conformidad con la Sala es bastante generalizado y se manifestó válida y legítimamente con la votación política del pasado 15 de noviembre. Lo que no es válido ni aceptable es el doble discurso que manejan ciertos partidos políticos y la doble moral de algunos de sus militantes. Los que hoy critican con vehemencia esta no reelección, ayer intentaron hacer lo mismo pero con una diferencia: no tuvieron éxito. Para muestra no un botón sino dos:  

·         Durante el periodo 2006-2010, los diputados del PAC negaron el apoyo a la reelección de la magistrada Ana Virginia Calzada, reprochándole decisiones emitidas en torno a la reelección presidencial y a la constitucionalidad de las leyes de implementación del TLC con Estados Unidos. La señora Calzada “… tiene 16 años de ser magistrada y si deciden reelegirla serán 24 años, lo que supera algunas dictaduras en el continente” manifestó la ex diputada Leda Zamora, quien además llamó a ponerle fin a las magistraturas “vitalicias”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con esta reelección. Estamos por la renovación de la Sala, debe ser remozada”, dijo en aquel entonces el ex diputado Alberto Salòm, quien probablemente olvido sus palabras puesto que fue uno de los manifestantes en la reciente marcha organizada por el Poder Judicial.

·         Más recientemente, un señor diputado de ese mismo partido político, aprovechando la discusión en torno a la reelección o no del señor Rolando Vega Robert como magistrado de la Sala Segunda, dijo en el acta de la sesión plenaria nº 121 del 9 de diciembre de 2010, página nº 54, lo siguiente: “… el artículo 163 de la Constitución Política es clara en cuanto al período de los 30 días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o a la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante. Entonces, tal como lo hablamos hoy en jefes de fracción, existe la vacante, existe la comunicación del 9 de noviembre y no quisiéramos que se establezca en esta Asamblea un precedente de elecciones automáticas de los magistrados de ningún tipo, por lo cual yo sí creo que es conveniente que se establezca el momento de la votación en la sesión del día de hoy, y que no quede duda alguna sobre el nombramiento y la voluntad de esta Asamblea y no sea que no quede duda para la interpretación de que se pudo haber dado alguna elección automática.”

La posición acomodada y politiquera resulta más que evidente. En otras palabras: cuando censuran a un magistrado por las razones de fondo que fueren, es legal y ético, pero cuando otros lo hacen es irrespetar la independencia judicial y lo califican de autoritarismo político. Cuando les conviene exigen la aplicación del artículo 163 de la Constitución Política para evitar la reelección automática de magistrados, pero si son otros entonces el plazo es extemporáneo y exigen la aplicación del artículo 158 constitucional. Es hora de madurar, de reconocer la importancia de las reglas en los procesos de toma de decisiones, no podemos pensar que cuando no se logra lo deseado salimos corriendo con la bola en nuestros brazos.

Creo firmemente en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Es un ejercicio saludable para la institucionalidad democrática de este país. Nuestros actos, quiérase o no, están bajo el permanente escrutinio público y eso es, precisamente, lo que me ha motivado a explicar las razones del por qué no respaldé ni respaldo la reelección de uno de los integrantes de la Sala Constitucional, votación que por cierto es absolutamente discrecional, sin olvidar la inevadible e indudable naturaleza política de los órganos legislativos que participan en este tipo de procedimientos.

Read more

De las palabras a los hechos: la Seguridad Ciudadana en Costa Rica”

• El Ministerio de Seguridad Pública ha desplegado acciones tanto preventivas como represivas encauzadas principalmente a repeler delitos contra la propiedad y a brindar un acercamiento a las comunidades en general.

San José, 2 de mayo del 2012. La inseguridad se ha convertido en una preocupación global que trasciende países, culturas y fronteras; Centroamérica no escapa a esta realidad y Costa Rica no es la excepción.

Podemos decir, que los niveles de criminalidad que predominan en nuestro entorno mediato e inmediato, hacen que muchos consideren que hoy por hoy somos los vecinos del barrio más peligroso y violento del mundo. Basta con observar el surgimiento de las pandillas en El Salvador y Honduras, o la sanguinaria guerra que libran los cárteles de la droga en México para darnos una idea lo que significa este peligro latente.

A pesar de no ser un tema novedoso, la inseguridad sigue siendo compleja y delicada. No se trata tan solo de narcotráfico, criminalidad organizada u homicidios, comprende también todo un entramado de hechos que van desde la corrupción hasta las más diversas formas de violencia contra las mujeres y personas en condición vulnerable (menores de edad y adultos mayores).

Los datos y estadísticas nos muestran que este problema social tiende a agravarse con el transcurso del tiempo, ocupando, cada vez más, un lugar de primerísima importancia en la agenda política de los Estados y sus gobiernos, toda vez que representa un serio obstáculo para el desarrollo humano sostenible y el disfrute de derechos fundamentales como la vida, la dignidad y la libertad individual.

Bajo ese marco de referencia, el Partido Liberación Nacional (PLN) encabezado por la entonces candidata y hoy Presidenta de la República, señora Laura Chinchilla Miranda, presentó al pueblo de Costa Rica un plan de gobierno centralizado en varios ejes de acción, siendo uno de ellos (y quizás el principal y más sustancioso) la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, como forma de cumplir con el mandato constitucional de brindar seguridad y bienestar a todas las personas que habitan el país.

El abordaje de este problema ha requerido el esfuerzo conjunto y la respuesta efectiva de las instituciones responsables de velar por el orden y la paz social. En definitiva, no podemos olvidar que lo que está en juego es la estabilidad de nuestro sistema democrático y la seguridad de su principal elemento constitutivo: su población. Para tales efectos, esta administración ha destinado y sigue destinando todos los recursos disponibles en aras no solo de fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), sino que también para capacitar adecuadamente a sus cuerpos policiales sin perjuicio de las herramientas necesarias para un mejor despliegue de sus labores cotidianas.

Por ejemplo, para el año 2012 son ¢175.221 millones el presupuesto asignado al MSP, lo que representa un aumento del 11% en relación con el presupuesto aprobado para el 2011, siendo éste uno de los porcentajes de crecimiento más elevados dentro del presupuesto de la República (que por cierto algunos diputados de la Alianza quisieron manosear y recortar). Es necesario enfatizar que tales recursos se han traducido en una efectiva operatividad de nuestra Fuerza Pública, en otras palabras, realmente ha existido una gestión eficaz a favor de la seguridad pública.

En cuanto al recurso vehicular, se han comprado 100 motocicletas, 171 vehículos policiales, 6 microbuses y 123 bicicletas. En materia de infraestructura, se han realizado 79 mejoras, 52 remodelaciones y 8 construcciones, para un total de 139 obras edificadas, viéndose beneficiadas directamente comunidades como Cieneguita, Limón centro y Cartago. Por su parte, en equipo de protección policial se realizó la compra de 8.708 chalecos antibalas, 393 armaduras antimotines, 1.200 pistolas automáticas, 700 proyectiles y granadas de gas lacrimógeno y 459 carabinas para Policía de Fronteras.  

También, durante el último año, se han realizado 93.151 aprehensiones, de las cuales 53.068 están relacionadas con infracciones a la Ley de Psicotrópicos, 10.946 por temas de violencia domestica y 6.843 por delitos contra la propiedad.

En cuanto a la incautación de droga, se han logrado sacar de las calles un total de: 749 kilos de cocaína, 88.190 piedras de crack, 145 kilos de marihuana, 11.951 plantas de marihuana, 142 pastillas de éxtasis. Además se han realizado 1.649 decomisos de armas de fuego y 1.681 vehículos decomisados.

Aunado a esto, se contabilizan 15.442 controles de carretera respaldados por la noticia criminis que acontece en el momento, dando como resultado 621.380 personas investigadas, 1.427 armas de fuego investigadas, 196.264 vehículos consultados y un total de 88.814 barrios visitados. Y a través de dichas acciones se han realizado 1.509 órdenes de captura, principalmente relacionados con delitos contra la propiedad. En cuanto los incidentes reportados por el Sistema de Emergencias 9-1-1, la Fuerza Pública atendió 491.846 llamadas, lo que representa un total diario de 1.398 incidentes, cubriendo por hora un aproximado de 58 incidencias.

Lo anterior, nos permite afirmar que el Ministerio de Seguridad Pública ha desplegado acciones tanto preventivas como represivas encauzadas principalmente a repeler delitos contra la propiedad y a brindar un acercamiento a las comunidades en general, lo que provoca un impacto directo en la seguridad de la población costarricense.

Según cifras de la Fuerza Pública elaboradas con información del OIJ, durante el primer bimestre de este año 2012 se presentó una disminución del 9% respecto al 2011, de los casos de denuncias por delitos contra la propiedad, que incluyen asaltos, robos a viviendas y tachas de vehículos. Y si los datos de Enero y Febrero fueron favorables, en Marzo se registro un 18.3% menos de hechos delictivos en comparación con febrero.

Pero, ¿realmente ha mejorado la seguridad ciudadana? ¿Es una situación real o una mera percepción? ¿Qué pensamos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como personas afectadas directamente por este asunto?

Según las recientes encuestas de opinión, en junio de 2011 el 48.6% de las personas mencionaban este problema como el principal. Hoy día, ese porcentaje llega al 30%, siendo, incluso, que una tercera parte de los costarricenses considera que en su barrio aumentó la presencia policial. Esto significa, ni más ni menos, que las y los ciudadanos reconocen la efectiva labor desplegada por las autoridades en su lucha contra el delito y el crimen organizado.

A pesar de tales resultados, debemos seguir adelante. Siendo éste un tema que nos interesa a todas y todos, pero principalmente a cada uno de los señores diputados y señoras diputadas, esta Asamblea Legislativa debe asumir con responsabilidad su roll como Primer Poder de la República, apoyando con prontitud toda aquella iniciativa que facilite y fortalezca la labor policial en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, como por ejemplo la reforma constitucional que pretende garantizar un 2% del PIB para vigilancia y conservación del orden público, expediente 17.357. 

Al cumplirse la mitad de este periodo presidencial, no queda duda que el trabajo realizado por los casi 14.000 hombres y mujeres que conforman nuestra Fuerza Pública ha sido satisfactorio. No obstante, no debemos caer en el conformismo y la mediocridad. Quedan aún muchos aspectos por mejorar.

La capacitación del recurso humano, el mejoramiento de la infraestructura, la modernización de la flota vehicular y las remuneraciones son temas que deben someterse a constante revisión. Recordemos que la seguridad ciudadana es cosa de todos los días y que, tratándose de esta materia, siempre tendremos la obligación, como lo ha hecho la señora Presidenta de la República, de pasar de las palabras a los hechos.

Read more

Presentan resultados del Foro Internacional “Experiencias Educativas del Ámbito Municipal”

Diputada Siany Villalobos expone sobre ley de licores

• 300 personas participaron en siete mesas temáticas.
• "No solamente es en la comisión de asuntos municipales donde se ve el desarrollo local” señaló Villalobos Argüello.

San José, 24 de marzo del 2012. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) expuso esta mañana en el salón de Ex – presidentes de la Asamblea Legislativa, los resultados del Foro Internacional sobre Experiencias Educativas del Ámbito Municipal.

Al respecto, el director del Instituto Msc. Javier Ureña señaló que participaron 300 personas y que el objetivo del foro fue “compartir y ampliar aprendizajes generados a participar de las experiencias educativas dirigidas al Sector Municipal, desarrolladas por diversas instituciones, además de facilitar la creación de mecanismos para consolidar una oferta compartida de acciones educativas que aproveche las fortalezas de los diferentes actores participantes del sector municipal.”

El Foro fue un espacio abierto en donde se realizaron conferencias, talleres y plenarias virtuales sobre aspectos específicos del sector municipal distribuidos en siete mesas temáticas: descentralización, ordenamiento territorial, atención integrada del riesgo, gestión financiera, carrera administrativa municipal, desarrollo sostenible y emprendimientos. Además, durante el foro contó con una parte presencial de dos días de duración.

Durante la actividad, las diputadas Siany Villalobos Argüello (PLN) y Yolanda Acuña Castro (PAC) informaron sobre las acciones realizadas por la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Participación Ciudadana. Al respecto, Villalobos Argüello comenzó su exposición señalando que el desarrollo local es integral.

“No solamente es en la comisión de asuntos municipales donde se ve el desarrollo local, se ve absolutamente en todas las legislaciones que tenemos en el país, es un aspecto integral” indicó la verdiblanca.

Además, la legisladora se refirió respecto a la reforma integral a la Ley de Licores, “tratamos de que los Municipios ejerzan su autonomía, cobren lo que es justo, establezcan las multas y sanciones, e inviertan en el desarrollo de sus comunidades.”

Villalobos también manifestó que “ahora se envío a publicar [el expediente 17.410] con todas las modificaciones que ha tenido y esperamos que satisfechas las solicitudes de la Sala Constitucional, pueda aprobarse sin ningún problema. Esto nos garantiza la autonomía, fortalece las finanzas municipales y pone en orden lo que por mucho tiempo ha estado desordenado.”

Read more

Reunión de trabajo con Alcaldes, Alcaldesas y jerarcas del MOPT

En sesión de trabajo con Diputados y Ministro del MOPT.

Alcaldes y alcaldesas de Heredia analizaron situación vial de la provincia

Este tipo de actividades es de suma importancia señaló diputada Siany Villalobos.

Heredia, viernes 13 de abril del 2012. Esta mañana alcaldesas, alcaldes e ingenieros municipales de la provincia de Heredia se reunieron con el fin de analizar la situación vial de la provincia y buscar soluciones para su mejora.
La actividad fue impulsada por los legisladores Víctor Hugo Viquez y Siany Villalobos en colaboración con la Federación de Municipalidades de Heredia; y contó además con la asistencia del Ministro de Obras Publicas y Transportes Francisco Jimenez, el director del CONAVI Jose Luis Salas y el nuevo jefe de la Unidad Ejecutora del BID Carlos Acosta.

Para la diputada Villalobos, este tipo de actividades es de suma importancia y manifestó que se buscaba "proporcionar un espacio de encuentro y discusión entre las Autoridades Locales y los jerarcas del MOPT para ver la realidad de las rutas nacionales, los puentes y otra infraestructura vial en los cantones heredianos."

En ese sentido los alcaldes y las alcaldesas plantearon sus inquietudes y necesidades de apoyo e intervención por parte del MOPT, e incluso denunciaron la poca inversión vial que se ha hecho en algunos cantones.

Por ejemplo, Jorge Isaac Herrera Alcalde de San Rafael, especificó cinco puntos que requieren atención urgente en su Cantón: el puente sobre la ruta 116 en el distrito de Concepción, el puente sobre la entrada principal al Cantón en la ruta 113, el puente sobre el río Segundo en el distrito de los Ángeles, el puente colgante en la calle Anonos y la carpeta asfáltica en el barrio Lotes Peralta.

Por su parte, la Alcaldesa de Santo Domingo Laura Prado, insistió en la necesidad de coordinación entre el MOPT y los Gobiernos Locales, por ejemplo cuando hay mezcla asfáltica. "Yo si pediría esa consideración de los tiempos, la información, la coordinación permanente con nosotros".

Al respecto, el jerarca del MOPT fue enfático en señalar que el MOPT tiene una responsabilidad, junto con las Municipalidades, de resolver la problemática de las calles y los puentes en las comunidades.

"La primera queja, que yo estoy totalmente claro que tenemos que resolver aquí es cómo vamos a enderezar el tema de la cooperación que el Ministerio tiene que darle a las Municipalidades para que conjuntamente saquemos las prioridades y los compromisos que este Ministro y su equipo ha puesto al frente de los ciudadanos" puntualizó el jerarca.

Read more

Ser una Mujer Política en un mundo patriarcal

No son pocas las mujeres que habiendo participado activamente en política desde los espacios locales, decidieron salirse y no regresar. Las causas son muchas y muy diversas, pero tienen una raíz común: nuestra condición de género, es decir, el hecho de ser mujeres.

Hoy día, aún con todos los avances que hemos logrado en materia de Derechos Humanos de las mujeres y de equidad de género, tenemos que reconocer que no es lo mismo ser un hombre político que una mujer política.

Nuestra Presidenta de la República doña Laura Chinchilla Miranda puede dar fe de ello. Durante sus casi dos años de gestión ha sido la gobernante a quien más se le han hecho encuestas de opinión para “medir” o “valorar” su trabajo y gestión.

Además, a ninguno de los ilustres caballeros que nos han gobernado en toda nuestra vida como República libre, soberana y democrática, se le había llegado a cuestionar por su condición de género.

Sin embargo, bastó que una mujer llegara a la Presidencia de la República para que un medio de comunicación tuviera la “genialidad” de publicar los resultados de una encuesta en donde se le preguntó a la ciudadanía si votaría nuevamente por una mujer para llegar a la presidencia del país. 

Esto no es sino la manifestación más pura y arraigada del sexismo, que nos dice qué trabajos, tareas, labores y cargos públicos podemos ocupar las mujeres y cuales los hombres. Y claramente, los cargos de elección popular no son el espacio que el patriarcado reserva para nosotras.

Un estudio publicado este año por el INAMU y Coopesolidar sobre las experiencias de acoso político que han vivido las mujeres que ocupan o han ocupado puestos de elección popular en el espacio local, da cuenta de la gran cantidad de barreras y situaciones de violencia que enfrentamos las mujeres que incursionamos en la política desde el espacio local.

“Agresión verbal, ambiente hostil, intimidación, persecución del presidente municipal o del alcalde, irrespeto, subvaloración de los aportes, designación de las mujeres en las comisiones municipales menos fuertes, invisibilización del cargo de Vice Alcaldesa, comentarios sexistas” son algunas de las formas de violencia que recoge este documento y a las que nos enfrentamos diariamente.

A esto le debemos sumar la existencia de un sistema educativo que refuerza la exclusión de las mujeres en la práctica política, así como la invisibilización o  incluso denigración de aquellas figuras femeninas que han marcado la vida política del país.

En las escuelas y colegios muy poco se enseña acerca de la vida y obras de mujeres como Pancha Carrasco, Ángela Acuña, Lita Chaverri, Estela Quesada o María Teresa Obregón.

Las mujeres que decidimos participar en política nos enfrentamos entonces a un mundo Patriarcal, en donde muchas veces nos sentimos solas, sin ningún apoyo y bajo la mirada y evaluación permanente de los hombres, otras mujeres y la sociedad entera.

Por eso, justamente, nació la RECOMM. Como un espacio de encuentro, de acompañamiento, de SORORIDAD entre mujeres políticas, que hemos vivido y sentido el peso de la misoginia en nuestra vida pública (y privada).

Y la RECOMM nació caminando! Con unos pocos años de existencia, hemos logrado cosas que otras redes en América Latina no han logrado en décadas. Y muy pronto, esperamos que la Red cuente con ingresos económicos que le permita fortalecer su autonomía.

Quiero hacer un llamado a la concientización de este espacio vital para todas nosotras. Que nunca ha sido ni pretende ser un espacio de politiquería y juegos de poder; sino un espacio de encuentro, respeto y diálogo entre todas nosotras, mujeres Municipalistas.

La RECOMM es un espacio desde el cual combatir el patriarcado, el sexismo y la misoginia; y desde el cual fortalecer y acompañar el accionar de las mujeres políticas, cultivando nuestra sororidad. Eso es la RECOMM.

Read more