- El Ministerio de Seguridad Pública ha desplegado acciones tanto
preventivas como represivas encauzadas principalmente a repeler delitos contra
la propiedad y a brindar un acercamiento a las comunidades en general.
San José, 2 de mayo del 2012. La inseguridad se ha
convertido en una preocupación global que trasciende países, culturas y
fronteras; Centroamérica no escapa a esta realidad y Costa Rica no es la
excepción.
Podemos decir, que los
niveles de criminalidad que predominan en nuestro entorno mediato e inmediato, hacen
que muchos consideren que hoy por hoy somos los vecinos del barrio más
peligroso y violento del mundo. Basta con observar el surgimiento de las
pandillas en El Salvador y Honduras, o la sanguinaria guerra que libran los
cárteles de la droga en México para darnos una idea lo que significa este
peligro latente.
A pesar de no ser un tema
novedoso, la inseguridad sigue siendo compleja y delicada. No se trata tan solo
de narcotráfico, criminalidad organizada u homicidios, comprende también todo
un entramado de hechos que van desde la corrupción hasta las más diversas
formas de violencia contra las mujeres y personas en condición vulnerable
(menores de edad y adultos mayores).
Los datos y
estadísticas nos muestran que este problema social tiende a agravarse con el
transcurso del tiempo, ocupando, cada vez más, un lugar de primerísima
importancia en la agenda política de los Estados y sus gobiernos, toda vez que
representa un serio obstáculo para el desarrollo humano sostenible y el
disfrute de derechos fundamentales como la vida, la dignidad y la libertad
individual.
Bajo ese marco de
referencia, el Partido Liberación Nacional (PLN) encabezado por la entonces
candidata y hoy Presidenta de la República, señora Laura Chinchilla Miranda, presentó
al pueblo de Costa Rica un plan de gobierno centralizado en varios ejes de
acción, siendo uno de ellos (y quizás el principal y más sustancioso) la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, como forma de cumplir con el
mandato constitucional de brindar seguridad y bienestar a todas las personas
que habitan el país.
El abordaje de este
problema ha requerido el esfuerzo conjunto y la respuesta efectiva de las
instituciones responsables de velar por el orden y la paz social. En
definitiva, no podemos olvidar que lo que está en juego es la estabilidad de
nuestro sistema democrático y la seguridad de su principal elemento
constitutivo: su población. Para tales efectos, esta administración ha
destinado y sigue destinando todos los recursos disponibles en aras no solo de fortalecer
la institucionalidad del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), sino que
también para capacitar adecuadamente a sus cuerpos policiales sin perjuicio de
las herramientas necesarias para un mejor despliegue de sus labores cotidianas.
Por ejemplo, para el año 2012
son ¢175.221 millones el presupuesto asignado al MSP, lo que representa un aumento
del 11% en relación con el presupuesto
aprobado para el 2011, siendo éste uno de los porcentajes de crecimiento
más elevados dentro del presupuesto de la República (que por cierto algunos
diputados de la Alianza quisieron manosear y recortar). Es necesario enfatizar
que tales recursos se han traducido en una efectiva operatividad de nuestra
Fuerza Pública, en otras palabras, realmente ha existido una gestión eficaz a favor de la seguridad pública.
En cuanto al recurso vehicular,
se han comprado 100 motocicletas, 171 vehículos policiales, 6 microbuses y 123
bicicletas. En materia de infraestructura, se han realizado 79 mejoras, 52
remodelaciones y 8 construcciones, para un total de 139 obras edificadas, viéndose
beneficiadas directamente comunidades como Cieneguita, Limón centro y Cartago.
Por su parte, en equipo de protección policial se realizó la compra de 8.708
chalecos antibalas, 393 armaduras antimotines, 1.200 pistolas automáticas, 700
proyectiles y granadas de gas lacrimógeno y 459 carabinas para Policía de
Fronteras.
También, durante el último año,
se han realizado 93.151 aprehensiones,
de las cuales 53.068 están relacionadas
con infracciones a la Ley de Psicotrópicos, 10.946 por temas de violencia
domestica y 6.843 por delitos contra la propiedad.
En cuanto a la incautación de
droga, se han logrado sacar de las calles un total de: 749 kilos de cocaína, 88.190
piedras de crack, 145 kilos
de marihuana, 11.951 plantas de
marihuana, 142 pastillas de
éxtasis. Además se han realizado 1.649 decomisos
de armas de fuego y 1.681 vehículos
decomisados.
Aunado a esto, se contabilizan 15.442 controles de carretera
respaldados por la noticia criminis que acontece en el momento, dando como
resultado 621.380 personas
investigadas, 1.427 armas de
fuego investigadas, 196.264 vehículos
consultados y un total de 88.814 barrios
visitados. Y a través de dichas acciones se han realizado 1.509 órdenes de captura,
principalmente relacionados con delitos contra la propiedad. En cuanto los
incidentes reportados por el Sistema de
Emergencias 9-1-1, la Fuerza Pública atendió 491.846 llamadas, lo que representa un total diario de 1.398 incidentes, cubriendo por hora
un aproximado de 58 incidencias.
Lo anterior, nos permite
afirmar que el Ministerio de Seguridad Pública ha desplegado acciones tanto
preventivas como represivas encauzadas principalmente a repeler delitos contra
la propiedad y a brindar un acercamiento a las comunidades en general, lo que
provoca un impacto directo en la seguridad de la población costarricense.
Según cifras de la Fuerza Pública
elaboradas con información del OIJ, durante el primer bimestre de este año 2012
se presentó una disminución del 9% respecto al 2011, de los casos de denuncias
por delitos contra la propiedad, que incluyen asaltos, robos a viviendas y
tachas de vehículos. Y si los datos de Enero y Febrero fueron favorables, en
Marzo se registro un 18.3% menos de hechos
delictivos en comparación con febrero.
Pero, ¿realmente ha mejorado la
seguridad ciudadana? ¿Es una situación real o una mera percepción? ¿Qué
pensamos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como personas afectadas
directamente por este asunto?
Según las recientes encuestas
de opinión, en junio de 2011 el 48.6% de las personas mencionaban este problema
como el principal. Hoy día, ese porcentaje llega al 30%, siendo, incluso, que
una tercera parte de los costarricenses considera que en su barrio aumentó la
presencia policial. Esto significa, ni más ni menos, que las y los ciudadanos reconocen
la efectiva labor desplegada por las autoridades en su lucha contra el delito y
el crimen organizado.
A pesar de tales resultados,
debemos seguir adelante. Siendo éste un tema que nos interesa a todas y todos,
pero principalmente a cada uno de los señores diputados y señoras diputadas, esta Asamblea Legislativa debe asumir con
responsabilidad su roll como Primer Poder de la República, apoyando con
prontitud toda aquella iniciativa que facilite y fortalezca la labor policial
en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, como por ejemplo
la reforma constitucional que pretende garantizar un 2% del PIB para vigilancia
y conservación del orden público, expediente 17.357.
Al cumplirse la mitad de este
periodo presidencial, no queda duda que el trabajo realizado por los casi
14.000 hombres y mujeres que conforman nuestra Fuerza Pública ha sido satisfactorio.
No obstante, no debemos caer en el conformismo y la mediocridad. Quedan aún
muchos aspectos por mejorar.
La capacitación del recurso
humano, el mejoramiento de la infraestructura, la modernización de la flota
vehicular y las remuneraciones son temas que deben someterse a constante
revisión. Recordemos que la seguridad ciudadana es cosa de todos los días y
que, tratándose de esta materia, siempre tendremos la obligación, como lo ha
hecho la señora Presidenta de la República, de pasar de las palabras a los hechos.
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