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Quiero aprovechar este espacio de control político para dar realce a un hecho, que una u otra forma incide directamente en la calidad de vida de todas las personas. Me refiero a la reciente declaración que realizó la Organización de Naciones Unidades (ONU) de este año 2011, como el “AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES”, ello en virtud de la importancia de las áreas forestales para la subsistencia humana. Según datos de dicha entidad mundial, “Centenares de millones de personas, fundamentalmente en los países en desarrollo (como es el caso de Costa Rica), dependen de los bosques para su vida cotidiana… son el pulmón del planeta; sin embardo, cada minuto que pasa desaparecen unas 25 hectáreas de floresta.”[1]
Los bosques cumplen diversas funciones o servicios de gran importancia, como por ejemplo: la regulación de la escorrentía subterránea de las aguas, limitan las crecidas y mantienen el flujo base en la época seca, reducen los problemas derivados de la erosión de los suelos y ello disminuye el transporte de sedimentos en los ríos, regulan el microclima pues ayudan a conservar la humedad y además mantienen la diversidad biológica. También, brindan belleza escénica y sus paisajes evocan escenarios vitales para la recreación, el esparcimiento y el ecoturismo, sin olvidar, claro está, su contribución en la fijación de carbono como elemento mitigador de los gases de efecto invernadero.
De lo anotado, resulta fácil deducir que con la desaparición paulatina de los bosques, los servicios ambientales que brindan éstos se deteriorarán drásticamente también. A menor cantidad de zonas boscosas, mayor incidencia e impacto ambiental, lo cual supone una directa afectación al ciclo hidrológico, al cambio climático, cuyos efectos ocasionan inundaciones, erosión, arrastre de sedimentos y deterioro del paisaje, entre muchos otros aspectos. Debido a que Costa Rica posee más de un 48% de su territorio con cobertura forestal es fácil vaticinar las consecuencias nocivas de no proteger las áreas boscosas, en perjuicio de nosotros mismos como habitantes de la nación.
Bajo esa perspectiva, tomando en consideración algunas deficiencias que contiene la actual Ley Forestal, ley nº 7575, y atendiendo lo expresado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante voto 2007-3923, es que la suscrita diputada presentó, a la corriente legislativa, el expediente 17.856, proyecto que busca, por un lado, modificar el concepto de bosque para proteger a todas las especies forestales que brindan funciones ecológicas fundamentales para la vida humana, sin importar si se trata de especies nativas o exóticas, y, por el otro, procura subsanar la ausencia de medidas precautorias que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley forestal, toda vez que no se contemplan medidas precautorias a la corta de árboles, independientemente de su naturaleza y área.
Existen muchas zonas en nuestro país que se encuentran cubiertas por especies forestales no nativas y que, lamentablemente, no poseen protección jurídica, lo que permite su tala irrestricta y que el aprovechamiento del recurso forestal no sea el más óptimo ni el más eficiente. Ejemplo de ello son las montañas situadas al norte de la parte central de Heredia y que abarcan territorios de los cantones de San Isidro, San Rafael, Barva y Santa Bárbara. Para nadie es un secreto que especies forestales exóticas como el ciprés abundan en estos lugares y que contribuyen con el sostenimiento equilibrado del ambiente.
No obstante, a diario somos testigos de cómo “bajan” los camiones cargados con árboles de ciprés, muchos de los cuales tienen décadas de cumplir con servicios ambientales, lo que prácticamente está dejando “peladas” a nuestras montañas heredianas, debajo de las cuales, por cierto, se ubica el manto acuífero más grande e importante no de Costa Rica, sino de toda la región centroamericana. Este salvajismo contra las especies forestales perjudica los esfuerzos en pro de la conservación y cuido de los bosques y es, al mismo tiempo, contraria a los principios que nutren la política ambiental que este país promueve en diversos foros internacionales.
El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado garantiza no solo la facultad de hombres y mujeres para utilizar el ambiente a favor de su propio desarrollo, sino que también implica el correlativo deber de preservar el medio y sus recursos. Como legisladora, no puedo apartarme de mi obligación ineludible de tomar las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la salud de las y los costarricenses, buscando siempre el balance entre la vida y el desarrollo socio-económico.
