Reflexión sobre "La ruta hacia la consolidación fiscal"

Durante los últimos años, cada vez que las empresas encuestadoras consultan al ciudadano costarricense sobre los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, los resultados, en uno u otro porcentaje, suelen ser los mismos: la pobreza, el desempleo, la inseguridad y el costo de la vida, entre otros, son los temas que suelen acaparar la atención inmediata en la vida cotidiana. 

Como diputada de la República y representante popular, jamás me atrevería a cuestionar el sentir de la población nacional sobre tales problemas, no en vano el viejo refrán que dice “vox populi, vox dei”. (La voz del pueblo es la voz de Dios)

Sin embargo, hay un problema de carácter estructural que pocas veces es mencionado en las encuestas y que afecta en gran medida la forma en que el Estado resuelve las preocupaciones anteriormente señaladas: me refiero al déficit fiscal que, en términos simples, se origina por gastar más de lo que nos ingresa, lo que obliga al Gobierno Central a pedir préstamos para poder cubrir ese faltante de dinero. 

Ciertamente no es un tema nuevo en la agenda pública, pero lo cierto es también que lo hemos venido posponiendo año con año, transformándose en una especie de “bola de nieve” que se ha vuelto insostenible e insoportable.

Basta con repasar los siguientes datos:

·         El 29.2% del Presupuesto 2014 se utilizará para el pago de la Deuda Pública, es decir, ¢1.9 billones, mientras que del total presupuestado (¢6.6 billones), el 42.7%, sea, ¢2.8 billones, deben financiarse a través de títulos valores.

·         Según cálculos de la Contraloría General de la República (CGR), en este momento se requiere un ajuste estructural de por lo menos un 3.4% del PIB, es decir, se necesitan cerca de ¢900 mil millones para lograr, al menos, un equilibrio en las finanzas públicas.

Ante la magnitud de tal panorama, el señor Ministro de Hacienda, Dr. Edgar Ayales Esna, presentó la semana pasada el documento “En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda para un Diálogo Nacional”. 

Dicha propuesta describe un conjunto de opciones mediante las cuales puede lograrse un ajuste fiscal que lleve a las finanzas públicas a una senda sostenible durante los próximos 4 o 5 años, y a mejorar su aporte al desarrollo económico y social del país. 

Estas opciones, no necesariamente consensuadas, surgieron de un proceso de consultas que se inició en enero del presente año y ahora sirven para profundizar el diálogo con todos los sectores de la sociedad, con el fin de identificar las áreas de mayor convergencia para que eventualmente se plasmen en uno o varios proyectos de ley.

No se trata de un plan impuesto a la fuerza o de manera intransigente. Todo lo contrario. El propósito es presentar objetivamente el actual escenario de las finanzas públicas para que, entre todos, podamos elegir y definir cuál es la mejor alternativa para solucionar este problema. Así de simple.

El déficit fiscal no es asunto exclusivo de esta Administración; es un problema heredado que tan solo refleja la incapacidad que hemos tenido para ponernos de acuerdo. 

Por eso, el llamado que hacen las autoridades de Hacienda representa una impostergable e inmejorable oportunidad para que los tres Poderes de la República, junto a partidos políticos, candidatos presidenciales, sectores productivos, sindicatos, trabajadores y trabajadora, ciudadanos y ciudadanas, coincidan en una sola mesa para dialogar, analizar y exponer sus puntos de vista sobre la calidad del gasto, exoneraciones, evasión, contrabando, sistemas de recaudación y gobernabilidad fiscal, todo enmarcado en la meta de lograr consensos y concretar acuerdos.

Tal como lo señala el señor Ministro en el documento mencionado: “No podemos postergar más el esfuerzo para encontrar solución a esta compleja problemática fiscal que compromete el bienestar y la prosperidad del país. Este diálogo que empezamos hoy será incluyente y transparente, por lo que insto a todos los sectores a que participen activamente en esta decisión nacional.”

Así las cosas, participemos de este diálogo con seriedad y sentido de negociación; dejemos de lado los intereses particulares y asumamos con valentía la responsabilidad, delegada por el pueblo costarricense, de tomar acciones y decisiones. 

No se trata de un tema cualquiera. Se trata de darle sostenibilidad en el tiempo al Estado Costarricense; se trata de garantizar los recursos necesarios para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, tal como lo exige el artículo 50 de nuestra Constitución Política.

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¿Reproducimos una visión machista?

La semana pasada conmemoramos 64 años del acceso de las mujeres al voto en Costa Rica, una lucha que comenzó en 1890 cuando el entonces Presidente José Joaquín Rodríguez planteó por primera vez la necesidad de aprobar el voto femenino en su discurso sobre reformas electorales, y que se concretó hasta el 30 de julio de 1950 cuando las mujeres votaron por primera vez en un plebiscito.

Curiosamente, el periódico La Prensa Libre publicó la lista de los 10 Diputados más productivos donde tuve el honor de ocupar el tercer lugar del ranking, así como la lista de los 10 Diputados menos productivos. 

En este sentido, nos asombró el editorial publicado por el mismo medio el lunes 29 de julio y titulado “¿Qué les pasó a las Diputadas?”, puesto que se realiza un cuestionamiento directo a los mecanismos para la participación política de las mujeres.

Realiza además, una valoración negativa del desempeño de las Legisladoras basado en el informe del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, llegando incluso a culpabilizarlas por el espacio que puedan tener otras mujeres en el futuro.

Al respecto, quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar ¿por qué es una “gran decepción” que en el rankig de diputados menos productivos 6 fueran mujeres?, ¿sería menos decepcionante si la mayoría fuesen hombres?.

Según este enfoque, ¿debemos esperar menos capacidad de los compañeros pero mayor capacidad de las compañeras, o es que las mujeres tenemos que demostrar siempre nuestro trabajo? En este caso, sería una de las mentiras que el Patriarcado nos ha impuesto: a las mujeres se les demanda más por igual trabajo realizado y deben “demostrar que se ganaron el espacio.” Me pregunto si ¿alguna vez los hombres han tenido que demostrar que se ganaron el espacio y el salario?

Por otro lado, se presume que el hecho de que sea una mayoría de mujeres quienes están en el ranking de los Diputados “menos productivos” se debe a la poca capacidad de trabajo, de propuestas o de luchas de las Señoras Diputadas. Cosa que se vuelve risible cuando analizamos el perfil político de muchas de las legisladoras mencionadas en la lista, y sobre todo cuando conocemos su compromiso y luchas.

Proponer una cantidad “x” de proyectos no es sinónimo de un buen o mal desempeño legislativo, es tan solo uno de los factores que como Diputados y Diputadas desarrollamos, pero habría que considerar también la incidencia política, la negociación, la defensa de aquellos proyectos en los cuales creemos, y en eso las mujeres sobresalimos sustancialmente.

Como Diputada, no me interesa firmar un proyecto de ley y dar entrevistas para elevar perfil público o recibir los aplausos, me interesa el mayor beneficio para mi país, para las comunidades que represento, para las y los costarricenses que confiaron en mí a través de su voto; y estoy segura que muchas compañeras legisladoras piensan igual. Por eso muchas veces nuestro trabajo es silencioso pero estratégico.

Ahora bien, respecto a los mecanismos de paridad y alternancia que buscan garantizar una efectiva y real participación política de las mujeres. Debe aclararse que son acciones afirmativas que buscan equilibrar el acceso a los cargos de elección popular, de manera tal que toda la población (y no solo la mitad como lo demuestra la historia) se vea representada en estos espacios.

Es decir, que sin estos mecanismos posiblemente las mujeres continuaríamos marginadas de la vida política de nuestro país. Y para muestra un botón: ¿cuántos partidos políticos están colocando mujeres para encabezar las listas de Diputaciones?.

No se trata por lo tanto de preguntarnos “¿qué les pasó a las diputadas?.” Lo que debemos preguntarnos realmente es ¿qué le pasa a nuestra sociedad?, ¿seguimos como sociedad valorando las cosas desde una visión machista y misógina? 

De ser así, mucho tenemos aún por revisar y cambiar. El inicio es la propia sensibilización.

**Aquí el enlace al Editorial mencionado. 

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AVANZA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO CON RECURSOS PARA CAFICULTORES

• También contempla dineros para el ferrocarril a Alajuela, carretera a San Carlos, infraestructura carcelaria y mejoramiento de Educación Superior.
• Comisión de Hacendarios lo dictamina afirmativamente antes de lo previsto.

San José, 7 de agosto de 2013. La Comisión de Hacendarios dictaminó favorablemente el Presupuesto Extraordinario (expediente 18830) que contiene, entre otros, recursos para el Fideicomiso Cafetalero, el ferrocarril a Alajuela, la carretera a San Carlos, infraestructura carcelaria y el mejoramiento de la Educación Superior.

La presidenta de la Comisión, la diputada liberacionista, Siany Villalobos, se mostró complacida por la votación del proyecto antes del plazo estipulado. “Hemos dado un importante paso con el fin de dotar de contenido al fideicomiso para ayudar a los caficultores ante la emergencia por el ataque de la roya”, informó la legisladora, quien agregó que el “presupuesto dictaminado también establece recursos destinados a importantes vías y obras de trascendencia para comunidades de todo el país” (audio)

El Presupuesto Extraordinario contempla ¢650 millones para financiar 249 plazas destinadas al fortalecimiento de la Red de Cuido y CEN CINAIS en 100 comunidades rurales o urbanas marginales. También incluye ¢ 924.1 millones para el pago de auxilio temporal a trabajadores desocupados del Programa PRONAE del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En infraestructura, hay ¢23.000 millones para trabajos de conservación y mantenimiento en rutas fundamentales de nuestro país como la Autopista General Cañas, Florencio del Castillo, entre otras. Existen, adicionalmente, ¢5.000 millones para la construcción de la nueva carretera a San Carlos y ¢ 1.500 millones para poner en marcha el servicio de trenes entre San José y Alajuela.

En el presupuesto se destinan ¢295.8 millones para compra de material policial, así como ¢690.2 millones para invertir infraestructura de los centros penitenciarios y se giran ¢ 4.200 millones en transferencias de capital para los gobiernos locales, a fin de que éstos los inviertan en proyectos comunales prioritarios.

Punto clave del presupuesto, es la incorporación de ¢20.000 millones para atender la creación del fideicomiso agropecuario establecido en la ley 9153. Estos recursos tienen como fin primordial servir de estabilización y fomento económico a los pequeños productores de café, orientado a la entrega de capital semilla reembolsable, financiamientos favorables, atención y renovación de cafetales, readecuación de deudas existentes, entre otros.

Por una moción aprobada hoy se incorporaron al Presupuesto Extraordinario los ¢ 100.000 millones correspondientes al crédito para financiar el proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior.

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Hacendarios inicia discusión sobre presupuesto con recursos para caficultores y carretera a San Carlos

• También incluye dineros para ferrocarril a Alajuela e infraestructura penitenciaria.
• Presidenta de Comisión destaca trascendencia de proyecto.

San José, 23 de julio de 2013. Con la audiencia al viceministro de Hacienda, José Luis Araya, la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, inició la discusión del presupuesto extraordinarios que contiene los recursos para atender la emergencia por el ataque de la roya del café, la carretera a San Carlos y el ferrocarril a Alajuela.

La presidenta de la Comisión, la diputada liberacionista Siany Villalobos, destacó la “importancia de este presupuesto para que los caficultores puedan hacerle frente a la apremiante situación que los aqueja y para diversas comunidades que están urgidas de los recursos contemplados con el fin de atender obras importantes”. La legisladora espera que, a más tardar, el 13 de agosto el proyecto esté debidamente dictaminado. 

Durante la audiencia, el viceministro, José Luis Araya, manifestó que el proyecto es importante porque “se contempla el contenido para la ayuda a los caficultores y recursos para el arreglo de carreteras en todo el país”. 

El presupuesto extraordinario contiene cuatro artículos. En el primero se modifican varias rentas, aplicadas a diversos gastos y se formaliza la desincorporación de algunos recursos del crédito público externo. En el proyecto se incorporan ingresos por un monto de ¢ 68.222 millones, incluidos los ¢ 20.000 millones correspondientes al Fideicomiso Cafetalero y se desincorporan ¢ 2.891 millones.

En el segundo artículo se modifican los gastos aplicando los recursos incorporados y

desincorporados. Entre los rubros más importantes destacan: ¢ 903.7 millones a los gobiernos locales, ¢ 733,2 millones para el Fondo nacional contra la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes, ¢ 7.013 millones para la reorganización y gastos operativos del Consejo Nacional de Producción (CNP), así como los recursos para la atención de la roya del café.

La infraestructura vial recibe una fuerte inyección de recursos, pues se destinan ¢ 31.500 millones para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre los que se incluyen ¢ 5.000 millones de la nueva carretera a San Carlos, ¢ 1.500 millones del ferrocarril a Alajuela y ¢ 23.000 millones destinados a la conservación de la red vial. Además, se presupuestan ¢ 750 millones para deportistas, y ¢ 690.2 millones para infraestructura penitenciaria.

En el artículo 3 se incluyen una serie de modificaciones a la Ley de Presupuesto vigente y el último contiene normas de ejecución presupuestarias que dan plena vigencia a autorizaciones municipalidades con el fin de dar acatamiento a un señalamiento de la Sala Constitucional.

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MAS DERECHOS PARA LAS MUJERES: IGUALDAD

La protección de un sector de la población que ha sido históricamente discriminado y violentado durante siglos, y las acciones afirmativas que buscan su trato en condiciones de igualdad, no pueden ser consideradas bajo ningún punto de vista como “bumerán.”

Se trata, precisamente, de avanzar en la protección de las mujeres frente a todas las formas de discriminación y violencia. Y esto, es un compromiso que Costa Rica ha asumido en diversos instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, que deben cumplir las Instituciones públicas, los Gobiernos Locales, la empresa privada y la sociedad en general.

Por eso, es preocupante cuando en un medio de comunicación masiva, una empresaria  nacional afirma que “aumentar las garantías laborales a favor de las mujeres provocaría que contratar a una mujer con la misma experiencia de un hombre resulte más costoso.” (La República, 29 de octubre del 2012.)

Tal afirmación parece desconocer la realidad imperante, en donde una mujer con la misma experiencia que un hombre tiene un menor salario por el simple hecho de ser mujer. En este sentido, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2012) titulado “Nuevo siglo, viejas disparidades” señala una brecha de género en ingresos laborales comparando individuos con los mismos atributos, de más del 15% para Costa Rica.

Por otra parte, sabemos que el trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuido que realizan las mujeres ayudan a sostener la economía del país. Estimaciones de la Conferencia Regional sobre la Mujer 2011 señalan que estos trabajos no remunerados constituyen entre el 25% y el 30% del PIB de los países en América Latina.

Además, sabemos que las mujeres enfrentan en sus trabajos el techo de cristal y que son pocas las que logran llegar a los puestos más altos dentro de las empresas y las instituciones públicas.  Así mismo, las mujeres son más vulnerables al acoso sexual y laboral, muchas están en el sector informal y la mayoría cumplen dobles y triples jornadas de trabajo. Nuestro actual paradigma económico, es evidentemente androcéntrico.

Entonces, en estas condiciones, ¿podemos hablar de igualdad real?. Por supuesto que no, y por eso el Estado y la empresa privada deben implementar acciones y para ello no basta con no discriminar; deben crearse medidas especiales de atención a las mujeres, como los centros de cuido, la revisión de los requisitos para ocupar puestos gerenciales, la amplitud de las licencias de maternidad, y la protección ante todas las formas de acoso sexual y laboral, por mencionar algunos ejemplos.

Es que, como bien lo explica la académica Isabel Torres el principio de igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas integrantes de una sociedad. En este sentido, hombres y mujeres somos igualmente diferentes, y debemos ser tratados con equidad.

Por lo tanto, sostener que las acciones afirmativas a favor de las mujeres en el ámbito laboral eleva los costos de producción de las empresas, no solo es contrario a los Derechos Humanos, constituye una forma más de discriminación y violencia, que no puede ser pasada por alto.

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COMISIÓN EMITE DICTÁMEN PARA FORTALECER GESTIÓN DE COBRO DE LA CCSS

• También se dictaminó Reforma Integral a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos.
• También recibió audiencia sobre proyecto que pretende regular costo de los medicamentos

San José, 31 de octubre de 2012. La Comisión Especial que evaluará e investigará las causas, responsabilidades y responsables de los problemas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y propondrá las soluciones y los correctivos necesarios que ésta cumpla los objetivos constitucionales  asignados, emitió este martes, dos dictámenes afirmativos por unanimidad.

Se trata de los expedientes 18329, Ley de fortalecimiento de la gestión de cobro de la Caja Costarricense del Seguro Social y responsabilidad nacional con la Seguridad Social y 17655, Reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos  y Cirujanos, Nº 3019 del 9 de agosto de 1962.

El primer expediente dictaminado, iniciativa de las y los Diputados integrantes de la Comisión, pretende dotar a la CCSS de instrumentos más efectivos y oportunos para mejorar la gestión de cobro, así como, combatir la evasión y la morosidad a la que se enfrenta diariamente, en su cometido institucional.

Según datos de la institución, a junio de 2012 la morosidad acumulada asciende a ¢119.715 millones para 60.670 casos.

Por otro lado, durante el período 2004-2010 la cobertura contributiva en el Seguro de Salud se incrementó, al pasar de 53,4% a 66,6%, mientras que la cobertura contributiva del Seguro de Pensiones aumentó al pasar de 45,1% a 59,6%.

Sobre el segundo expediente, la Diputada Siany Villalobos Argüello, Secretaria de la Comisión, expresó que, la Reforma a la Ley del Colegio de Médicos busca modernizarla, pues tiene 50 años de vigencia, ya que, fue creada en 1962.

“Se estandariza una prueba oral y otra escrita dentro de esta Ley para todos los estudiantes graduados, ya sean de Universidades Públicas, Privadas o del Exterior; porque son los mismos médicos que nos van a atender a todos y deben estar a un mismo nivel. También se solicita la acreditación de todos los médicos del país, aunque se encuentren incorporados en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Estar acreditado significa que deben comprobar su idoneidad para ejercer la medicina”, explicó la Legisladora.

Anteriormente, a los graduados en otros países se les solicitaba entre 11 a 12 pruebas, por parte de la Universidad de Costa Rica, en un trato desigual a los graduados en el país.

AUDIENCIA. La Comisión recibió en audiencia a los doctores Mario Acosta, Fernando Ng y María Haydee Acuña, representantes de la Asociación Farmacéuticos de Comunidad (ASOFACO), quienes se refirieron al expediente 17738, Control de precios de los medicamentos.

La Diputada Villalobos Argüello insistió en la necesidad de regular el tema, por el alto costo de los medicamentos.

“No hay duda de que hay que fijar precios, porque en todas las farmacias encontramos precios diferentes. No sabemos si estas variaciones pueden ser por contrabando o porque los monopolios de cadenas ofrecen regalías para colocar mayor cantidad de producto”, expresó la Liberacionista.

Los representantes de ASOFACO explicaron que del 100% de las farmacias del país, 75% están en poder de la Caja, y hay un 25% que son farmacias privadas.

En el último estudio realizado se determinó que hay 950 farmacias en el país, de las cuales, 24% son independientes y 26% pertenecen a cadenas.

Los comparecientes explicaron a la Comisión los sistemas de fijación de precios de otros países, como Argentina, España e Italia, donde hay un mecanismo de regulación de precios bases.

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