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Durante
los últimos años, cada vez que las empresas encuestadoras consultan al
ciudadano costarricense sobre los principales problemas que aquejan a nuestra
sociedad, los resultados, en uno u otro porcentaje, suelen ser los mismos: la
pobreza, el desempleo, la inseguridad y el costo de la vida, entre otros, son
los temas que suelen acaparar la atención inmediata en la vida cotidiana.
Como
diputada de la República y representante popular, jamás me atrevería a
cuestionar el sentir de la población nacional sobre tales problemas, no en vano
el viejo refrán que dice “vox populi, vox dei”. (La voz del pueblo es la voz de
Dios)
Sin
embargo, hay un problema de carácter estructural que pocas veces es mencionado
en las encuestas y que afecta en gran medida la forma en que el Estado resuelve
las preocupaciones anteriormente señaladas: me refiero al déficit fiscal que, en
términos simples, se origina por gastar más de lo que nos ingresa, lo que
obliga al Gobierno Central a pedir préstamos para poder cubrir ese faltante de dinero.
Ciertamente no es un tema nuevo en la agenda pública, pero lo cierto es también
que lo hemos venido posponiendo año con año, transformándose en una especie de
“bola de nieve” que se ha vuelto insostenible e insoportable.
Basta
con repasar los siguientes datos:
·
El 29.2% del Presupuesto
2014 se utilizará para el pago de la Deuda Pública, es decir, ¢1.9 billones, mientras
que del total presupuestado (¢6.6 billones), el 42.7%, sea, ¢2.8 billones, deben
financiarse a través de títulos valores.
·
Según cálculos de la
Contraloría General de la República (CGR), en este momento se requiere un
ajuste estructural de por lo menos un 3.4% del PIB, es decir, se necesitan cerca
de ¢900 mil millones para lograr, al menos, un equilibrio en las finanzas
públicas.
Ante
la magnitud de tal panorama, el señor Ministro de Hacienda, Dr. Edgar Ayales
Esna, presentó la semana pasada el documento “En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda para un Diálogo Nacional”.
Dicha propuesta describe un conjunto de opciones mediante las cuales puede
lograrse un ajuste fiscal que lleve a las finanzas públicas a una senda
sostenible durante los próximos 4 o 5 años, y a mejorar su aporte al desarrollo
económico y social del país.
Estas opciones, no necesariamente consensuadas,
surgieron de un proceso de consultas que se inició en enero del presente año y
ahora sirven para profundizar el diálogo con todos los sectores de la sociedad,
con el fin de identificar las áreas de mayor convergencia para que
eventualmente se plasmen en uno o varios proyectos de ley.
No
se trata de un plan impuesto a la fuerza o de manera intransigente. Todo lo
contrario. El propósito es presentar objetivamente el actual escenario de las
finanzas públicas para que, entre todos, podamos elegir y definir cuál es la
mejor alternativa para solucionar este problema. Así de simple.
El
déficit fiscal no es asunto exclusivo de esta Administración; es un problema
heredado que tan solo refleja la incapacidad que hemos tenido para ponernos de
acuerdo.
Por eso, el llamado que hacen las autoridades de Hacienda representa
una impostergable e inmejorable oportunidad para que los tres Poderes de la
República, junto a partidos políticos, candidatos presidenciales, sectores
productivos, sindicatos, trabajadores y trabajadora, ciudadanos y ciudadanas, coincidan en una sola mesa
para dialogar, analizar y exponer sus puntos de vista sobre la calidad del
gasto, exoneraciones, evasión, contrabando, sistemas de recaudación y
gobernabilidad fiscal, todo enmarcado en la meta de lograr consensos y
concretar acuerdos.
Tal
como lo señala el señor Ministro en el documento mencionado: “No podemos postergar más el esfuerzo para encontrar solución a esta
compleja problemática fiscal que compromete el bienestar y la prosperidad del
país. Este diálogo que empezamos hoy será incluyente y transparente, por lo que
insto a todos los sectores a que participen activamente en esta decisión
nacional.”
Así
las cosas, participemos de este diálogo con seriedad y sentido de negociación; dejemos
de lado los intereses particulares y asumamos con valentía la responsabilidad,
delegada por el pueblo costarricense, de tomar acciones y decisiones.
No se trata de un tema cualquiera. Se trata de darle
sostenibilidad en el tiempo al Estado Costarricense; se trata de garantizar los
recursos necesarios para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del
país, tal como lo exige el artículo 50 de nuestra Constitución Política.
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