INICIA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESCUELA RAFAEL ARGUEDAS GUTIERREZ

·         Diputada Siany Villalobos visita construcción.

·         Nueva infraestructura contará con 12 aulas, laboratorios y biblioteca.

San José, 12 de noviembre del 2012. La construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Rafael Arguedas Gutiérrez iniciaron este mes en medio de la alegría y motivación de las y los estudiantes, el cuerpo docente y padres y madres de familia.

Esto se logró gracias al apoyo de la Municipalidad de Barva que, mediante Acuerdo Municipal 1133-06 adoptado en la Sesión Ordinaria número 59-2006 de 2 de octubre de 2006, aprobó donar una propiedad para que fuera destinada a la construcción de un nuevo centro educativo en la localidad de San Roque.

De este modo, la Junta Educativa y la Dirección presentaron al DIEE un proyecto de infraestructura que contempla la creación de 8 aulas para I y II ciclo, 3 aulas para preescolar, 1 biblioteca, 3 baterías sanitarias, 1 laboratorio de informática, 1 laboratorio de inglés, oficinas administrativas, el comedor y varias áreas de esparcimiento.

La legisladora Siany Villalobos Argüello visitó la actual construcción en compañía del Vice Alcalde Municipal Adrián Varela, el regidor Mariano Sánchez, la Directora del Centro Educativo Mayela Chavarria y miembros de la junta educativa.

“Es una dicha saber que los niños y las niñas de la comunidad de San Roque tendrán pronto un centro educativo acorde a sus condiciones y necesidades educativas, y esperamos que el alumnado pueda estrenar su escuela en este próximo ciclo lectivo” manifestó Villalobos.

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REGIMEN MUNICIPAL REALIZA ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LEY DE LICORES

·         Reconocen labor de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

 San José, 8 de noviembre del 2012. Esta mañana tuvo lugar el Encuentro Regional de Inducción sobre la Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico y su Reglamento Municipal, organizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM).

A la cita acudieron un centenar de Autoridades Municipales de todo el país, así como funcionarios, asesores y personas expertas en el régimen municipal. Además, participaron la Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales Siany Villalobos Argüello, y la Diputada Patricia Pérez Hogg quien pertenece a la misma comisión.

El propósito de la actividad fue aclarar dudas sobre la aplicación de la nueva ley, así como presentar al régimen una propuesta de reglamentación municipal, que puedan utilizar como base todos los  Gobiernos Locales pero adaptándolas a sus particularidades.

Además, la legisladora Villalobos Argüello expuso sobre el espíritu del legislador al momento de aprobar la ley. Al respecto, la diputada comentó que la Ley de Licores tenía 70 años de estar funcionando, y que no correspondía con la realidad actual, en donde unos pocos ganaban mucho, y las Municipalidades no percibían casi ningún beneficio.

“¿Por qué no avanzábamos?” preguntó Villalobos a la audiencia, mientras hacía un recorrido histórico por las propuestas de ley y las necesidades que las Municipalidades habían manifestado desde hace años. “No avanzamos porque habían intereses privados y particulares que estaban por encima de los intereses públicos, no avanzábamos porque no se lograba entender las dimensiones reales de la situación” puntualizó la legisladora.

Por otra parte, la Diputada Villalobos reconoció la labor y el progreso de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el fortalecimiento de las Municipalidades y de las Autoridades Locales.

“Es de gran satisfacción para quienes estamos en el Régimen Municipal saber que La Unión Nacional de Gobiernos Locales se fortalece, porque la Unión representa a los hombres, a las mujeres, a los regidores, a los síndicos, a los alcaldes, a los vice alcaldes, a todos y a todas las personas del régimen municipal. Por lo tanto, si la Unión se fortalece, el municipalismo avanza” señaló la legisladora.

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MAS DERECHOS PARA LAS MUJERES: IGUALDAD

La protección de un sector de la población que ha sido históricamente discriminado y violentado durante siglos, y las acciones afirmativas que buscan su trato en condiciones de igualdad, no pueden ser consideradas bajo ningún punto de vista como “bumerán.”

Se trata, precisamente, de avanzar en la protección de las mujeres frente a todas las formas de discriminación y violencia. Y esto, es un compromiso que Costa Rica ha asumido en diversos instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, que deben cumplir las Instituciones públicas, los Gobiernos Locales, la empresa privada y la sociedad en general.

Por eso, es preocupante cuando en un medio de comunicación masiva, una empresaria  nacional afirma que “aumentar las garantías laborales a favor de las mujeres provocaría que contratar a una mujer con la misma experiencia de un hombre resulte más costoso.” (La República, 29 de octubre del 2012.)

Tal afirmación parece desconocer la realidad imperante, en donde una mujer con la misma experiencia que un hombre tiene un menor salario por el simple hecho de ser mujer. En este sentido, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2012) titulado “Nuevo siglo, viejas disparidades” señala una brecha de género en ingresos laborales comparando individuos con los mismos atributos, de más del 15% para Costa Rica.

Por otra parte, sabemos que el trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuido que realizan las mujeres ayudan a sostener la economía del país. Estimaciones de la Conferencia Regional sobre la Mujer 2011 señalan que estos trabajos no remunerados constituyen entre el 25% y el 30% del PIB de los países en América Latina.

Además, sabemos que las mujeres enfrentan en sus trabajos el techo de cristal y que son pocas las que logran llegar a los puestos más altos dentro de las empresas y las instituciones públicas.  Así mismo, las mujeres son más vulnerables al acoso sexual y laboral, muchas están en el sector informal y la mayoría cumplen dobles y triples jornadas de trabajo. Nuestro actual paradigma económico, es evidentemente androcéntrico.

Entonces, en estas condiciones, ¿podemos hablar de igualdad real?. Por supuesto que no, y por eso el Estado y la empresa privada deben implementar acciones y para ello no basta con no discriminar; deben crearse medidas especiales de atención a las mujeres, como los centros de cuido, la revisión de los requisitos para ocupar puestos gerenciales, la amplitud de las licencias de maternidad, y la protección ante todas las formas de acoso sexual y laboral, por mencionar algunos ejemplos.

Es que, como bien lo explica la académica Isabel Torres el principio de igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas integrantes de una sociedad. En este sentido, hombres y mujeres somos igualmente diferentes, y debemos ser tratados con equidad.

Por lo tanto, sostener que las acciones afirmativas a favor de las mujeres en el ámbito laboral eleva los costos de producción de las empresas, no solo es contrario a los Derechos Humanos, constituye una forma más de discriminación y violencia, que no puede ser pasada por alto.

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LA SUTEL Y EL ABUSO DEL DERECHO

Como defensora de la institucionalidad costarricense he seguido muy de cerca el desarrollo de una noticia de gran impacto y relevancia nacional: me refiero al conflicto entre la SUTEL y el ICE por la eventual compra, por parte de esta segunda, de una empresa de televisión por cable.

Desde el pasado mes de enero de 2012, el ICE solicitó a la SUTEL la autorización para adquirir a Cable Visión de Costa Rica S.A., con el propósito de incursionar en este campo, siendo RACSA la subsidiaria responsable de administrar dicha operación. No obstante, tras casi 9 meses de omisión (que a todas luces violenta las reglas de un procedimiento administrativo pronto y cumplido) y gracias a la orden girada por un Juez Contencioso Administrativo, la SUTEL se vio forzada a emitir criterio respecto a la autorización de compra formulada por el ICE.

Fue así como mediante resolución RCS-291-2012, la SUTEL aprobó que el ICE compre el 100% de las acciones de Cable Visión, pero (y aquí es donde radica el meollo del asunto) sujeto a ciertas condiciones que, desde la perspectiva de este órgano, garantizan la sana competencia del mercado. Dentro de esas condiciones impuestas por la SUTEL, el ICE deberá renunciar al uso y explotación de varios segmentos del espectro radioeléctrico que en total suman 350 MHz, a fin de que sean sacadas a concurso para otras empresas que deseen ofrecer nuevos servicios.

¿Tiene la SUTEL, como órgano regulador de las telecomunicaciones, competencia legal para imponer este tipo de condiciones en materia de espectro radioeléctrico a uno de los operadores del mercado? La Respuesta es NO. Lo que SI puede hacer la SUTEL es brindar criterio técnico al ente rector del Sector Telecomunicaciones sobre la adjudicación, prórroga, extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de las concesiones y los permisos de las frecuencias del espectro radioeléctrico, rectoría que según la legislación corresponde al MINAET, el cual puede aprobar o rechazar el criterio de la SUTEL. Es decir, la última palabra en temas de espectro radioeléctrico la tiene el Poder Ejecutivo. El procedimiento es sencillo: la SUTEL recomienda y el rector acoge o no el criterio.

Por eso, en virtud de que la reasignación de las frecuencias es una facultad y responsabilidad del Poder Ejecutivo, la SUTEL no tiene ninguna herramienta jurídica para obligar al ICE a devolver varios segmentos del espectro radioeléctrico, ni tampoco ostenta competencia dada por ley para condicionarle la compra de una empresa de televisión por cable a cambio del cumplimiento de otros requisitos. Desde una perspectiva jurídica, la resolución citada atenta contra el principio de legalidad que rige la administración pública, pudiendo generar consecuencias administrativas, civiles y hasta penales.

¿Por qué no se limitó la SUTEL a simplemente resolver sobre la autorización de compra y luego, en proceso independiente, si fuere el caso, recomendar al Poder Ejecutivo la reasignación de las frecuencias?

En un marco respetuoso de las competencias conferidas a cada institución, insto a la SUTEL para que no olvide su papel de órgano regulador de las telecomunicaciones, y para que de manera justa, sin estar inclinando la balanza a favor de uno u otro, propicie condiciones de igualdad, transparencia, seguridad jurídica y competencia efectiva entre todos los operadores del mercado, buscando siempre garantizar el derecho de los y las habitantes de obtener servicios eficientes, continuos y de mayor calidad.

Ciertamente el ICE se encuentra actualmente en un régimen cuyos principios básicos están orientados a la libre competencia y a la obtención de ganancias, sin embargo, lo cierto es también que esta institución sigue representando para los y las costarricenses un símbolo de desarrollo social y económico. Gracias a su histórica labor, llevada a cabo por sus miles de funcionarios y funcionarias, Costa Rica es hoy uno de los países a nivel mundial con mayores índices de cobertura en telefonía y electricidad.

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COMISIÓN EMITE DICTÁMEN PARA FORTALECER GESTIÓN DE COBRO DE LA CCSS

• También se dictaminó Reforma Integral a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos.
• También recibió audiencia sobre proyecto que pretende regular costo de los medicamentos

San José, 31 de octubre de 2012. La Comisión Especial que evaluará e investigará las causas, responsabilidades y responsables de los problemas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y propondrá las soluciones y los correctivos necesarios que ésta cumpla los objetivos constitucionales  asignados, emitió este martes, dos dictámenes afirmativos por unanimidad.

Se trata de los expedientes 18329, Ley de fortalecimiento de la gestión de cobro de la Caja Costarricense del Seguro Social y responsabilidad nacional con la Seguridad Social y 17655, Reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos  y Cirujanos, Nº 3019 del 9 de agosto de 1962.

El primer expediente dictaminado, iniciativa de las y los Diputados integrantes de la Comisión, pretende dotar a la CCSS de instrumentos más efectivos y oportunos para mejorar la gestión de cobro, así como, combatir la evasión y la morosidad a la que se enfrenta diariamente, en su cometido institucional.

Según datos de la institución, a junio de 2012 la morosidad acumulada asciende a ¢119.715 millones para 60.670 casos.

Por otro lado, durante el período 2004-2010 la cobertura contributiva en el Seguro de Salud se incrementó, al pasar de 53,4% a 66,6%, mientras que la cobertura contributiva del Seguro de Pensiones aumentó al pasar de 45,1% a 59,6%.

Sobre el segundo expediente, la Diputada Siany Villalobos Argüello, Secretaria de la Comisión, expresó que, la Reforma a la Ley del Colegio de Médicos busca modernizarla, pues tiene 50 años de vigencia, ya que, fue creada en 1962.

“Se estandariza una prueba oral y otra escrita dentro de esta Ley para todos los estudiantes graduados, ya sean de Universidades Públicas, Privadas o del Exterior; porque son los mismos médicos que nos van a atender a todos y deben estar a un mismo nivel. También se solicita la acreditación de todos los médicos del país, aunque se encuentren incorporados en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Estar acreditado significa que deben comprobar su idoneidad para ejercer la medicina”, explicó la Legisladora.

Anteriormente, a los graduados en otros países se les solicitaba entre 11 a 12 pruebas, por parte de la Universidad de Costa Rica, en un trato desigual a los graduados en el país.

AUDIENCIA. La Comisión recibió en audiencia a los doctores Mario Acosta, Fernando Ng y María Haydee Acuña, representantes de la Asociación Farmacéuticos de Comunidad (ASOFACO), quienes se refirieron al expediente 17738, Control de precios de los medicamentos.

La Diputada Villalobos Argüello insistió en la necesidad de regular el tema, por el alto costo de los medicamentos.

“No hay duda de que hay que fijar precios, porque en todas las farmacias encontramos precios diferentes. No sabemos si estas variaciones pueden ser por contrabando o porque los monopolios de cadenas ofrecen regalías para colocar mayor cantidad de producto”, expresó la Liberacionista.

Los representantes de ASOFACO explicaron que del 100% de las farmacias del país, 75% están en poder de la Caja, y hay un 25% que son farmacias privadas.

En el último estudio realizado se determinó que hay 950 farmacias en el país, de las cuales, 24% son independientes y 26% pertenecen a cadenas.

Los comparecientes explicaron a la Comisión los sistemas de fijación de precios de otros países, como Argentina, España e Italia, donde hay un mecanismo de regulación de precios bases.

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