miércoles, 5 de diciembre de 2012

Justificación del voto negativo a reelección del Magistrado de la Sala Constitucional

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Tan solo un par de semanas atrás nuestro país vivió una “crisis” institucional inédita que, en criterio de algunos, fue provocada por una histórica votación legislativa (por cierto una votación calificada de 38 diputados y diputadas pertenecientes a 5 fracciones políticas de 7 representadas en este Plenario Legislativo) cuyo resultado fue la no reelección de un señor magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

No pretendo hoy profundizar en las facultades constitucionales que tiene este Parlamento para hacer lo que una mayoría de sus integrantes decidió hacer, o si el plazo de votación fue extemporáneo o no; ni tampoco voy entrar a dilucidar si este tema fue sobredimensionado por algunos actores de la vida pública nacional. Tiempo al tiempo para que cada quien asuma su responsabilidad en el manejo de un tema tan sensible, que pudo haber desembocado en consecuencias sociales nunca antes vividas desde la fundación de nuestra segunda República allá por el año 1948.

Una vez que la calma ha regresado, que los discursos incendiarios han bajado su intensidad y que los ánimos se encuentran más mesurados, considero que éste es un momento propicio para exponer, con claridad y transparencia, las razones que me motivaron para oponerme a la continuidad en el cargo de un magistrado constitucional.   

Esta diputada ha sido crítica en términos generales de la labor desplegada por la Sala Constitucional. Jamás he cuestionado el trabajo individual de sus integrantes y tampoco he realizado señalamientos cuando existen votos salvados en determinados temas de interés nacional. Desde esa óptica, mi inconformidad contra dicha Sala siempre ha sido de forma integral y no contra uno de sus jueces en particular, en este caso el señor Fernando Cruz Castro.

Tal malestar no es nuevo y en por lo menos 2 ocasiones he expresado mi pensamiento sobre el accionar extralimitado de la Sala. Así por ejemplo, en el acta de la sesión plenaria nº 45, celebrada el 20 de junio de 2010, esta legisladora llamó la atención sobre los alcances del voto 11352-2010, toda vez que dicho tribunal le impuso a este Congreso qué debía legislar, cómo legislar y, además, en qué plazo debía aprobar una reforma constitucional y reglamentaria para incorporar el deber de probidad como causal de cancelación de la credencial de los legisladores.  

Manifesté en aquel momento, entre otras ideas, que ello representaba no solo un abuso de poder por parte de los magistrados constitucionales, sino que también una total extralimitación de sus competencias legales, constituyendo una inaceptable violación al principio de separación e independencia de Poderes. Dije, adicionalmente, que en el tanto la Sala Constitucional siguiera actuando de esa forma, el Parlamento no tendría razón de ser y que la potestad de legislar ya no residiría más en el pueblo, delegada en 57 diputados electos por medio del sufragio, sino que sería una potestad propia y exclusiva de 7 magistrados que no poseen ninguna representatividad: es decir, sería una sustitución de este parlamento como primera fuente para la toma de decisiones políticas.

Posteriormente, en el acta de la sesión plenaria nº 151, realizada el 5 de marzo del año en curso, volví a manifestarme en contra de la Sala Constitucional, pero esta vez a raíz de la orden girada al Poder Ejecutivo de suspender el trámite de sanción y publicación de la Ley Antitabaco, la cual había sido válidamente aprobada en segundo debate por este Plenario. Hice énfasis, en esa oportunidad, que la Sala debía respetar y aplicar las reglas de la democracia a fin de no caer en una especie de “dictadura de los jueces”, en donde el contenido normativo de la Constitución Política podría crearse de forma antojadiza atendiendo criterios de voluntad individual o del grupo que integra el tribunal en un momento dado, en claro detrimento de uno de los pilares en que se afirma el Estado de Derecho: la seguridad jurídica.

Compañeros diputados y diputadas, mi votación entonces no es producto de revanchas o del “cobro” de facturas pendientes como han dicho por ahí. Mi proceder no involucra asuntos personales ni nada por estilo, fue una manera de reafirmar mi desacuerdo con el proceder de la Sala, por tanto, mi voto negativo resulta consecuente con mis argumentos y bajo ninguna circunstancia debe verse como una sorpresa.

Quienes verdaderamente me conocen saben que siempre voy de frente, sin juegos por debajo de la mesa ni maquinaciones perversas. Incluso voy más allá: mi voto negativo representa lo que piensa el ciudadano costarricense sobre este tema. Según una encuesta realizada por CID Gallup para el diario La República en setiembre de 2010, casi 7 de 10 consultados concordaron que es necesario ponerle límites a la Sala, pues piensan que se está extralimitando en sus funciones, asimismo, un 62% de los encuestados consideró que los magistrados en vez de hacerle un bien al país con sus decisiones, la afectan negativamente.

El sentimiento de no conformidad con la Sala es bastante generalizado y se manifestó válida y legítimamente con la votación política del pasado 15 de noviembre. Lo que no es válido ni aceptable es el doble discurso que manejan ciertos partidos políticos y la doble moral de algunos de sus militantes. Los que hoy critican con vehemencia esta no reelección, ayer intentaron hacer lo mismo pero con una diferencia: no tuvieron éxito. Para muestra no un botón sino dos:  

·         Durante el periodo 2006-2010, los diputados del PAC negaron el apoyo a la reelección de la magistrada Ana Virginia Calzada, reprochándole decisiones emitidas en torno a la reelección presidencial y a la constitucionalidad de las leyes de implementación del TLC con Estados Unidos. La señora Calzada “… tiene 16 años de ser magistrada y si deciden reelegirla serán 24 años, lo que supera algunas dictaduras en el continente” manifestó la ex diputada Leda Zamora, quien además llamó a ponerle fin a las magistraturas “vitalicias”.

Nosotros no estamos de acuerdo con esta reelección. Estamos por la renovación de la Sala, debe ser remozada”, dijo en aquel entonces el ex diputado Alberto Salòm, quien probablemente olvido sus palabras puesto que fue uno de los manifestantes en la reciente marcha organizada por el Poder Judicial.

·         Más recientemente, un señor diputado de ese mismo partido político, aprovechando la discusión en torno a la reelección o no del señor Rolando Vega Robert como magistrado de la Sala Segunda, dijo en el acta de la sesión plenaria nº 121 del 9 de diciembre de 2010, página nº 54, lo siguiente: “… el artículo 163 de la Constitución Política es clara en cuanto al período de los 30 días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o a la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante. Entonces, tal como lo hablamos hoy en jefes de fracción, existe la vacante, existe la comunicación del 9 de noviembre y no quisiéramos que se establezca en esta Asamblea un precedente de elecciones automáticas de los magistrados de ningún tipo, por lo cual yo sí creo que es conveniente que se establezca el momento de la votación en la sesión del día de hoy, y que no quede duda alguna sobre el nombramiento y la voluntad de esta Asamblea y no sea que no quede duda para la interpretación de que se pudo haber dado alguna elección automática.

La posición acomodada y politiquera resulta más que evidente. En otras palabras: cuando censuran a un magistrado por las razones de fondo que fueren, es legal y ético, pero cuando otros lo hacen es irrespetar la independencia judicial y lo califican de autoritarismo político. Cuando les conviene exigen la aplicación del artículo 163 de la Constitución Política para evitar la reelección automática de magistrados, pero si son otros entonces el plazo es extemporáneo y exigen la aplicación del artículo 158 constitucional. Es hora de madurar, de reconocer la importancia de las reglas en los procesos de toma de decisiones, no podemos pensar que cuando no se logra lo deseado salimos corriendo con la bola en nuestros brazos.

Creo firmemente en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Es un ejercicio saludable para la institucionalidad democrática de este país. Nuestros actos, quiérase o no, están bajo el permanente escrutinio público y eso es, precisamente, lo que me ha motivado a explicar las razones del por qué no respaldé ni respaldo la reelección de uno de los integrantes de la Sala Constitucional, votación que por cierto es absolutamente discrecional, sin olvidar la inevadible e indudable naturaleza política de los órganos legislativos que participan en este tipo de procedimientos.

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