Con la
aprobación en primer debate del proyecto de Ley para la Preservación del
Uso del Agropecuario de los Terrenos, expediente legislativo 18 070, como
presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Participativo y como diputada de la Asamblea Legislativa, no puedo ocultar mi
enorme satisfacción por haber llegado a un acuerdo prácticamente unánime, que dio
paso a la votación afirmativa del texto sustitutivo que dispuso la promulgación
de una regulación especial para aplicar la Ley del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a los terrenos de uso agropecuario.
Esta ha sido
realmente una experiencia personal y profesional altamente satisfactoria, que
tiene como corolario relevante, la comprobación, una vez más, de que si hay
voluntad, disposición, transparencia, respeto y madurez política, los acuerdos
pueden surgir en este Plenario Legislativo, aun en los temas más escabrosos y
difíciles como el que acabamos de enfrentar.
Felicito pues a
todas las compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones políticas
aquí representadas, porque con este gran esfuerzo para lograr acercamientos,
para buscar afinidades, hemos sido capaces de dar una respuesta justa,
equilibrada y razonable a dos sectores que particularmente esta Diputada quiere
y respeta, como lo son el régimen municipal y el sector agrícola nacional.
Precisamente hace unos días, en la Prensa Libre, apreciamos el espíritu constructivo,
responsable y sensato, que permeó las voluntades de todos los diputados y
diputadas y también de los sectores en
pugna. En efecto, como complemento de la nota periodística titulada “
Agro entierra paro: Se aprueba en primer debate Ley de Preservación de Uso
Agropecuario.” hay una fotografía donde aparecen realmente satisfechos
y estrechándose sus manos el señor Guido Vargas presidente de UPANACIONAL y el
señor Rolando Rodríguez Alcalde de Cartago y presidente de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales, y como testigos de honor de ese espontáneo gesto, aparece
también doña Gloria Abraham y esta diputada.
Ese gesto
natural y amigable es el reflejo final de un producto, de un resultado que fue
avalado y aprobado por todos nosotros, que emergió no por generación
espontánea, sino como consecuencia de largas jornadas, de mucha presión, de
amargos desencuentros, de tender puentes, donde todos, absolutamente todos los
diputados y diputadas, participamos con la clara intención de buscar una salida
lógica y posible.
No fue una labor
fácil ni mucho menos. Han sido días duros. Muy duros. Donde muchos de nosotros
nos aferrábamos a nuestros principios, para que sirvieran de andamiaje en la
construcción de una alternativa que pudiera ser aceptada por todas las partes
involucradas en este proceso.
Porque desde un
principio, como exalcaldesa, como
presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y como diputada de la
República, no me pareció conveniente el contenido del texto dictaminado,
fundamentalmente porque estaba convencida de que iba en detrimento de las arcas
municipales, de la justicia tributaria y de que realmente no era una ley para
preservar el uso agropecuario de la tierra, pues su finalidad primordial era
buscar la exoneración de parte del impuesto sobre bienes inmuebles a todos los
que se dedican a la actividad agrícola, aun a aquellos que podían sufragar este
impuesto municipal.
Mi
convicción, y la de otros compañeros y
compañeras diputadas era que no podía favorecer a un grupo de costarricenses en
menoscabo de los recursos municipales. Es decir, no se trataba de vestir un santo para
desvestir a otro. Era necesario buscar un equilibrio un justo medio, que
pudiera ser aceptado por todos.
Y esta tesis fue
ganando adeptos hasta llegar a conformar un grupo considerable de diputadas y
diputados que asumimos la posición y el convencimiento de que el texto
dictaminado tenía que modificarse.
Y eso fue lo que
se hizo. Fue un triunfo de la democracia en el tanto y en el cuanto, los
sectores, tanto municipalistas como representantes de los agricultores,
depusieron sus posiciones antagónicas, para procurar una votación sobre un
texto de consenso y para que también el
Parlamento pudiera manifestarse aprobando en primer debate, el proyecto que
contiene una serie de disposiciones de carácter especial para aplicar el
impuesto territorial a las propiedades dedicadas al uso agropecuario. Dentro de
las cuales destaca la realización de un censo agropecuario a cargo del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (el cual deberá realizarse en un plazo de
tres años), con el objeto de establecer un registro actualizado de los terrenos
que están dedicados a la actividad agrícola, en vista de que como lo señalo el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica en razón de la consulta que se le
realizara sobre este proyecto de ley “Datos del Censo
Agropecuario de 1984… señalan que en Costa Rica las fincas de 1 a 10 hectáreas
representan apenas un 5.16% del total; las de 10 a 50 hectáreas un 19.09%, las
de 50 a 200 hectáreas un 28.57 % y las
mayores a 200 hectáreas un 47.16%. Estas cifras en la actualidad se estiman
todavía en una mayor concentración de la tierra, por las expansiones habidas en
los últimos 25 años en actividades agrícolas como la piña, banano, palma
aceitera, caña de azúcar etc., actividades todas que requieren grandes
extensiones usualmente mayores a 200 hectáreas para su desarrollo “, en primer orden se desprende de estos datos
que no se realiza un censo agropecuario en Costa Rica desde hace más de 28
años, situación que evidentemente afecta a este sector, ya que este instrumento
es necesario para la implementación y desarrollo de políticas que lo
fortalezcan, otro elemento importante a rescatar que reflejan estos datos del
Colegio de Agrónomos “ es la
tendencia de crecimiento en la actividad agrícola que se ha dado en cultivos
como la piña, banano, palma aceitera, caña de azúcar, que requieren de grandes
extensiones de terreno mayores a 200 hectáreas para su desarrollo “.
Como es evidente
con base a lo antes señalado, el censo agrícola será un instrumento muy valioso
para la implementación de esta nueva normativa , porque nos dirá, en primer
orden, la cantidad de hectáreas en este país que se dedican a la actividad
agropecuaria, cantidad de agricultores, tipos de cultivo por hectárea, cuantos pequeños, medianos y grandes
productores agrícolas tienen este país, elementos necesarios, para la
implementación de una nueva Plataforma
de valores agropecuarios ( que la realizará el Organo de Normalización Técnica
con el Apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, este último rector de
sector agrícola ), que establecerá la diferencia de los terrenos de uso
agropecuario a los de otras actividades, para lo cual se tendrán como
parámetros fundamentales el uso del suelo y la producción entre otros. La
información que genere este nuevo será fundamental para la implementación y
aplicación de esta plataforma de valores agropecuarios.
Otro aspecto
sobresaliente de esta propuesta de ley es que establece una moratoria para la valoración de los terrenos de uso
agropecuario mientras no sea elaborada la nueva plataforma de valores
agropecuarios, y que las Municipalidades solo podrán incrementar los valores
existentes de las fincas de uso agropecuario, hasta un máximo de un 20% en los
nuevos avalúos o declaraciones realizadas conforme a lo que establece la Ley de
Bienes Inmuebles. Y en el caso de las fincas de uso agropecuario que no hayan
sido declaradas, la Municipalidad les valorará de oficio y que su valor
unitario no será superior al establecido en la finca de uso agropecuaria que
resulte más cercana.
Esta nueva
normativa permitirá el reordenamiento del Sector Agropecuario y posibilitará la
toma de decisiones en materia agraria, como facilitará a nuestros gobiernos
locales las herramientas apropiadas para
el cobro de los tributos de manera especial para este Sector.
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