En el tema de los convenios con el BCIE
Los diputados de Liberación Nacional, Siany Villalobos y Luis Antonio Aiza, lamentaron que legisladores de oposición deban recurrir a una serie de “refritos”, en el tema de los convenios suscritos entre el Gobierno anterior y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), buscando con ello, únicamente, atacar al ex ministro Rodrigo Arias y al PLN.
“Resulta irresponsable que diputados de oposición quieran mantener vivo este show político pretendiendo hacer creer a la ciudadanía que están descubriendo algo novedoso. Todo, absolutamente todo lo manifestado hoy por la oposición ya había sido señalado por la Contraloría General de la República en los diversos informes que elaboró sobre este tema de los convenios con el BCIE. No hay nada nuevo, solo el afán de atacar a don Rodrigo Arias y al PLN”, enfatizó la diputada Villalobos.
“Lo que no dicen los diputados de oposición es que la Contraloría ya investigó y elaboró diversos informes sobre este asunto. No dicen que nunca hubo daño a la Hacienda Pública porque no se trataba de fondos públicos. No dicen que la Contraloría absolvió de toda responsabilidad administrativa y disciplinaria al señor Rodrigo Arias. No dicen que las debilidades detectadas fueron reconocidas y corregidas, prueba de ello que el convenio sigue en ejecución en el actual Gobierno”, recalcó Aiza.
Destruyendo las mentiras de quienes en el pasado incluso hablaron de “chequeras secretas” o “pagos ocultos” y hoy hablan de “pulperías” en el manejo de estos Convenios, en setiembre de 2009, en su resolución PA-55-2009, la Contraloría absolvió de toda responsabilidad administrativa al entonces Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y fue más allá al señalar que: “(…) no nos encontramos frente a una ausencia total de controles, ni que las omisiones detectadas en los informes de fiscalización hayan causado daño alguno a la Hacienda Pública, ni que se hayan desatendido disposiciones giradas por este Órgano Contralor para corregir las deficiencias detectadas, de tal suerte que no observamos en el actuar del señor Ministro de la Presidencia, conducta alguna revestida de dolo o culpa grave generadora de responsabilidad (…)”.
“Me sorprende que la oposición actúe con tanta irresponsabilidad y ni siquiera leyeran esta resolución de la Contraloría antes de dar su conferencia. Si lo hubieran hecho, tal vez se habrían dado cuenta que la Contraloría manifestó que no existió irregularidad alguna relacionada con la selección de los consultores, e, incluso, que no se logró demostrar que, y cito textual la resolución: “el sistema diseñado haya ocasionado la selección de personas que no resultasen idóneas para desempeñar las consultorías contratadas, o desatención a disposiciones de la Contraloría emitidas con anterioridad a la ejecución del Convenio, así como tampoco se ha demostrado que las personas seleccionadas hayan quebrantado el régimen preventivo de incompatibilidades””, detalló Villalobos.
“Los que faltan a la verdad son lo que no reconocen que la propia Contraloría enfatizó que Rodrigo Arias tomó “las acciones pertinentes” para acatar e implementar las medidas correspondientes y que servirán para futuros esquemas de cooperación internacional de esta naturaleza”, dijo el diputado Aiza.
Villalobos y Aiza resumieron uno a uno los refritos lanzados hoy por la oposición, pues se trata de información que ya había sido dada a conocer por la Contraloría:
Lo que dicen los diputados opositores (Notas prensa): | Lo que ya habían dicho los informes de la Contraloría: |
“Los legisladores determinaron que un paquete de cartas y facturas aportadas a la comisión investigadora por el BCIE, revelan que los consultores contratados por la administración Arias Sánchez (2006-2010) iniciaron labores y recibieron pagos por orden de Rodrigo Arias Sánchez, ex ministro de la Presidencia, sin que mediara un contrato con la entidad financiera”. | “Como se describe en el hecho No. 49, el señor Rodrigo Arias Sánchez firmó varios oficios fechados 1 de noviembre del 2006, en los cuales solicitaba la contratación de varios consultores e indicaba que éstas regían a partir de esa misma fecha. Estos oficios fueron recibidos por el BCIE en promedio dos semanas después de su emisión, mas sin embargo, sin existir respuesta por parte del ente financiero, se dio inicio a las consultorías, sin conocer ni contar con la aprobación formal del Banco, lo que implica un posible debilitamiento del sistema de control interno, específicamente en lo relativo a las actividades de control”. (Informe DFOE-SOC-RH-2-2008 28 de octubre de 2008) |
“A criterio de los diputados, Arias Sánchez faltó a la verdad al afirmar que él solamente atendía las recomendaciones –contratación de consultorías– del BCIE. La documentación en poder de la comisión investigadora demuestra que las declaraciones del ex ministro de la Presidencia son falsas”. | “Para la selección de consultores, el Ministro indicó en la comparecencia ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público, efectuada el pasado 7 de agosto –hecho No. 44–, que: “En el caso de los consultores, debo decir que, además, de la idoneidad profesional, de la integridad personal y de la capacidad del consultor y su trayectoria, es absolutamente lógico que se tengan en cuenta los elementos de confianza y afinidad del consultor con el proyecto país que impulsan la Presidencia y sus órganos. De esta forma, es comprensible que la afinidad que impulsa el Gobierno y la confianza que genera tal afinidad, además de la integridad, la idoneidad y la capacidad, sean elementos que determinen la sugerencia de contratar a un profesional determinado para que preste el servicio de consultoría (…)”. “La explicación dada en la comparecencia por el señor Ministro, no es de recibo, por cuanto como se ha indicado, no existe prueba de cuáles fueron los procedimientos seguidos”. (Informe DFOE-SOC-RH-2-2008 28 de octubre de 2008) |
“Las fechas de las facturas presentadas por los consultores y las cartas enviadas por Arias Sánchez al BCIE, ordenando las contrataciones, revelan que el ex ministro de la Presidencia permitió, además, otras anomalías como pagos adelantados a sus “consultores”. Esta modalidad impedía garantizar que los consultores cumplieran con los requisitos para ser contratados. Tampoco se verificó que los funcionarios entregaran los productos antes de ser cancelados. | “… tal y como fue señalado en los hechos intimados el señor Rodrigo Arias Sánchez firmó varios oficios fechados 1 de noviembre del 2006, en los cuales solicitaba la contratación de varios consultores e indicaba que éstas regían a partir de esa misma fecha. Estos oficios fueron recibidos por el BCIE en promedio dos semanas después de su emisión, mas sin embargo, sin existir respuesta por parte del ente financiero, se dio inicio a las consultorías, sin conocer ni contar con la aprobación formal del Banco, lo que implica un posible debilitamiento del sistema de control interno, específicamente en lo relativo a las actividades de control, esta situación, podría evidenciar, de la misma manera un exceso en el rol que debía desempeñar el Ministerio de la Presidencia, como organismo ejecutor al amparo del modelo pactado, pues era el Banco el responsable de las contrataciones y por ende, de ejecutar las labores intrínsecas relacionadas con esa actividad. Sobre este tema, resulta evidente que operó un debilitamiento del sistema de control interno, aspecto que nunca debió haber ocurrido, puesto que resultaba relativamente claro que si el Banco era el encargado de aprobar las contrataciones sugeridas por el Gobierno de Costa Rica, lo más natural sería que la entrada en vigencia de las contrataciones operara hasta que el BCIE otorgara la aprobación respectiva, lo cual en principio no ocurrió. En este punto debemos ser claros en que esta actuación no debe repetirse y en que efectivamente existe un problema de control interno, siendo claro para este Órgano Decisor que la situación debe ser corregida y atendida por el señor Ministro para futuros acontecimientos. No obstante lo anterior, al igual que en los casos anteriores, no se ha demostrado que por este aspecto se haya ocasionado un daño a la Administración, toda vez que siempre las contrataciones fueron aprobadas por el Banco, así como que haya habido inexistencia de mecanismos de control puesto que siempre se contó con la respectiva aprobación, ni mucho menos existía de antemano disposición alguna emanada por el Órgano Contralor, por lo cual considerando los parámetros utilizados en la presente resolución, que han sido aplicados por la misma División de Fiscalización, como hemos venido reseñando, no podría imputársele al señor Arias Sánchez responsabilidad alguna en virtud de sus actuaciones, pues no existen en su actuar los criterios de imputación necesarios (dolo o culpa grave) para el surgimiento del poder punitivo. Como ha quedado demostrado en el punto anterior, no se lograron determinar irregularidades en el proceso de selección de los consultores, tal y como se señala en el Informe citado, con lo cual se excluye, desde toda óptica, el surgimiento de responsabilidad por parte del señor Arias Sánchez por este motivo…” Resolución PA-55-2009 de la Contraloría General de la República, dictada a las 16:00 HORAS DEL 17/09/2009. |
Las acciones del ex ministro de la Presidencia pusieron al Estado en el riesgo de tener que asumir los compromisos económicos adquiridos, pues muchos “consultores” iniciaron labores en Casa Presidencial previo a que el BCIE autorizara el desembolso de los fondos. | En su resolución PA-55-2009 (setiembre 2009) de la Contraloría absolvió de toda responsabilidad administrativa al entonces Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y fue más allá al señalar que: “(…) no nos encontramos frente a una ausencia total de controles, ni que las omisiones detectadas en los informes de fiscalización hayan causado daño alguno a la Hacienda Pública, ni que se hayan desatendido disposiciones giradas por este Órgano Contralor para corregir las deficiencias detectadas, de tal suerte que no observamos en el actuar del señor Ministro de la Presidencia, conducta alguna revestida de dolo o culpa grave generadora de responsabilidad (…)”. |
