- Proyecto dictaminado en Comisión de Asuntos Municipales.
San José, 30 de julio de 2013. Las municipalidades de todo el país podrán construir las aceras frente a las propiedades de los contribuyentes de escasos recursos sin tener que cobrarles y, previo a un estudio socioeconómico.
Así se determina en un proyecto de ley, iniciativa de la diputada liberacionista Siany Villalobos y dictaminado hoy por la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
La proponente, quien también preside la comisión dictaminadora, explicó que el proyecto “viene a favorecer a esas personas que no tienen las condiciones para poder pagar la acera frente a su casa y se le soluciona un problema a los alcaldes pues la intención de estos funcionarios no es provocar un problema social con el cobro de aceras que son necesarias para la comunidad”. (AUDIO)
El proyecto adiciona un párrafo final al artículo 75 del Código Municipal para facultar a los municipios a que, previo un estudio de las condiciones socioeconómicas de los propietarios o poseedores, pueda construir por su propia cuenta las aceras y darles mantenimiento, con el fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los habitantes del cantón, así como brindar una mejor accesibilidad y embellecer los cuadrantes o calles, sin que deba cobrar suma alguna a los beneficiados.
Actualmente, los municipios construyen aceras pero cargar el costo al contribuyente quien debe pagarlo en un plazo de 8 días,pues, de lo contrario, se le cobra una multa del 50% del valor de la obra, más los intereses moratorios correspondientes.
La diputada Siany Villalobos agregó que “esta propuesta también viene a fortalecer el cumplimiento de disposiciones de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a construir aceras para dar cumplimiento a la Ley de Igualdad de Oportunidades”.
El nuevo párrafo que se adiciona en el proyecto, establece la autorización de manera excepcional, es decir no en todos los casos. Debe demostrarse mediante un estudio, que los propietarios o poseedores no tienen los recursos económicos suficientes para emprender la obra cuando la inexistencia o mal estado de la acera, ponga en peligro la seguridad e integridad o se limite la accesibilidad de los peatones.
