Tan
solo un par de semanas atrás nuestro país vivió una “crisis” institucional inédita que, en criterio de algunos, fue
provocada por una histórica votación legislativa (por cierto una votación
calificada de 38 diputados y diputadas pertenecientes a 5 fracciones políticas
de 7 representadas en este Plenario Legislativo) cuyo resultado fue la no
reelección de un señor magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia.
No
pretendo hoy profundizar en las facultades constitucionales que tiene este
Parlamento para hacer lo que una mayoría de sus integrantes decidió hacer, o si
el plazo de votación fue extemporáneo o no; ni tampoco voy entrar a dilucidar si
este tema fue sobredimensionado por algunos actores de la vida pública
nacional. Tiempo al tiempo para que cada quien asuma su responsabilidad en el
manejo de un tema tan sensible, que pudo haber desembocado en consecuencias sociales
nunca antes vividas desde la fundación de nuestra segunda República allá por el
año 1948.
Una
vez que la calma ha regresado, que los discursos incendiarios han bajado su
intensidad y que los ánimos se encuentran más mesurados, considero que éste es un
momento propicio para exponer, con claridad y transparencia, las razones que me
motivaron para oponerme a la continuidad en el cargo de un magistrado
constitucional.
Esta
diputada ha sido crítica en términos generales de la labor desplegada por la
Sala Constitucional. Jamás he cuestionado el trabajo individual de sus
integrantes y tampoco he realizado señalamientos cuando existen votos salvados
en determinados temas de interés nacional. Desde esa óptica, mi inconformidad
contra dicha Sala siempre ha sido de forma integral y no contra uno de sus
jueces en particular, en este caso el señor Fernando Cruz Castro.
Tal
malestar no es nuevo y en por lo menos 2 ocasiones he expresado mi pensamiento
sobre el accionar extralimitado de la Sala. Así por ejemplo, en el acta de la sesión
plenaria nº 45, celebrada el 20 de junio de 2010, esta legisladora llamó la
atención sobre los alcances del voto 11352-2010, toda vez que dicho tribunal le
impuso a este Congreso qué debía legislar, cómo legislar y, además, en qué
plazo debía aprobar una reforma constitucional y reglamentaria para incorporar
el deber de probidad como causal de cancelación de la credencial de los
legisladores.
Manifesté en aquel momento, entre otras ideas, que ello representaba
no solo un abuso de poder por parte de los magistrados constitucionales, sino
que también una total extralimitación de sus competencias legales, constituyendo
una inaceptable violación al principio de separación e independencia de
Poderes. Dije, adicionalmente, que en el tanto la Sala Constitucional siguiera
actuando de esa forma, el Parlamento no tendría razón de ser y que la potestad
de legislar ya no residiría más en el pueblo, delegada en 57 diputados electos por
medio del sufragio, sino que sería una potestad propia y exclusiva de 7
magistrados que no poseen ninguna representatividad: es decir, sería una
sustitución de este parlamento como primera fuente para la toma de decisiones
políticas.
Posteriormente,
en el acta de la sesión plenaria nº 151, realizada el 5 de marzo del año en
curso, volví a manifestarme en contra de la Sala Constitucional, pero esta vez a
raíz de la orden girada al Poder Ejecutivo de suspender el trámite de sanción y
publicación de la Ley Antitabaco, la cual había sido válidamente aprobada en
segundo debate por este Plenario. Hice énfasis, en esa oportunidad, que la Sala
debía respetar y aplicar las reglas de la democracia a fin de no caer en una especie
de “dictadura de los jueces”, en
donde el contenido normativo de la Constitución Política podría crearse de
forma antojadiza atendiendo criterios de voluntad individual o del grupo que
integra el tribunal en un momento dado, en claro detrimento de uno de los
pilares en que se afirma el Estado de Derecho: la seguridad jurídica.
Compañeros
diputados y diputadas, mi votación entonces no es producto de revanchas o del “cobro” de facturas pendientes como han
dicho por ahí. Mi proceder no involucra asuntos personales ni nada por estilo, fue
una manera de reafirmar mi desacuerdo con el proceder de la Sala, por tanto, mi
voto negativo resulta consecuente con mis argumentos y bajo ninguna
circunstancia debe verse como una sorpresa.
Quienes
verdaderamente me conocen saben que siempre voy de frente, sin juegos por
debajo de la mesa ni maquinaciones perversas. Incluso voy más allá: mi voto
negativo representa lo que piensa el ciudadano costarricense sobre este tema. Según
una encuesta realizada por CID Gallup para el diario La República en setiembre
de 2010, casi 7 de 10 consultados concordaron que es necesario ponerle límites
a la Sala, pues piensan que se está extralimitando en sus funciones, asimismo,
un 62% de los encuestados consideró que los magistrados en vez de hacerle un
bien al país con sus decisiones, la afectan negativamente.
El
sentimiento de no conformidad con la Sala es bastante generalizado y se
manifestó válida y legítimamente con la votación política del pasado 15 de
noviembre. Lo que no es válido ni aceptable es el doble discurso que manejan
ciertos partidos políticos y la doble moral de algunos de sus militantes. Los
que hoy critican con vehemencia esta no reelección, ayer intentaron hacer lo
mismo pero con una diferencia: no tuvieron éxito. Para muestra no un botón sino
dos:
·
Durante el periodo
2006-2010, los diputados del PAC negaron el apoyo a la reelección de la
magistrada Ana Virginia Calzada, reprochándole decisiones emitidas en torno a
la reelección presidencial y a la constitucionalidad de las leyes de
implementación del TLC con Estados Unidos. La señora Calzada “… tiene 16 años de ser magistrada y si
deciden reelegirla serán 24 años, lo que supera algunas dictaduras en el
continente” manifestó la ex diputada Leda Zamora, quien además llamó a
ponerle fin a las magistraturas “vitalicias”.
“Nosotros no
estamos de acuerdo con esta reelección. Estamos por la renovación de la Sala,
debe ser remozada”, dijo en aquel entonces el ex diputado Alberto Salòm,
quien probablemente olvido sus palabras puesto que fue uno de los manifestantes
en la reciente marcha organizada por el Poder Judicial.
·
Más recientemente, un señor
diputado de ese mismo partido político, aprovechando la discusión en torno a la
reelección o no del señor Rolando Vega Robert como magistrado de la Sala
Segunda, dijo en el acta de la sesión plenaria nº 121 del 9 de diciembre de
2010, página nº 54, lo siguiente: “… el
artículo 163 de la Constitución Política es clara en cuanto al período de los 30
días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o a la fecha
en que se comunique que ha ocurrido una vacante. Entonces, tal como lo hablamos
hoy en jefes de fracción, existe la vacante, existe la comunicación del 9 de
noviembre y no quisiéramos que se establezca en esta Asamblea un precedente de
elecciones automáticas de los magistrados de ningún tipo, por lo cual yo sí
creo que es conveniente que se establezca el momento de la votación en la
sesión del día de hoy, y que no quede duda alguna sobre el nombramiento y la
voluntad de esta Asamblea y no sea que no quede duda para la interpretación de
que se pudo haber dado alguna elección automática.”
La
posición acomodada y politiquera resulta más que evidente. En otras palabras:
cuando censuran a un magistrado por las razones de fondo que fueren, es legal y
ético, pero cuando otros lo hacen es irrespetar la independencia judicial y lo califican
de autoritarismo político. Cuando les conviene exigen la aplicación del artículo
163 de la Constitución Política para evitar la reelección automática de
magistrados, pero si son otros entonces el plazo es extemporáneo y exigen la
aplicación del artículo 158 constitucional. Es hora de madurar, de reconocer la
importancia de las reglas en los procesos de toma de decisiones, no podemos
pensar que cuando no se logra lo deseado salimos corriendo con la bola en
nuestros brazos.
Creo
firmemente en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Es un
ejercicio saludable para la institucionalidad democrática de este país.
Nuestros actos, quiérase o no, están bajo el permanente escrutinio público y
eso es, precisamente, lo que me ha motivado a explicar las razones del por qué
no respaldé ni respaldo la reelección de uno de los integrantes de la Sala
Constitucional, votación que por cierto es absolutamente discrecional, sin
olvidar la inevadible e indudable naturaleza
política de los órganos legislativos que participan en este tipo de
procedimientos.
