En los últimos días hemos sido testigos
de manifestaciones por parte del sector agropecuario a causa de la discusión
del Expediente Nº 18.070 “Ley de
preservación del uso agropecuario de los terrenos” el cual busca promover
la preservación del uso de los terrenos dedicados a las actividades de
producción primaria agrícola y pecuaria.
Las y los agricultores del país han
insistido en demandar un factor de corrección menor al 0.50 en la valoración de
los terrenos de uso agropecuario, de tal modo que sus tributos a las
Municipalidades sean menores y más justos a su realidad, puesto que muchos de
ellos son pequeños productores, familias del medio rural que subsisten de los
frutos de la Tierra.
Sus demandas son justas y deben ser
atendidas, quien tiene menos debe tributar menos. Pero la verdadera justicia
tributaria también implica que quienes tienen más aporte más; y que esos
tributos se reflejen en obras y mejoras para nuestras comunidades.
Un factor de corrección menor para todos
los terrenos de uso agropecuario, sin bien parece ser justo a simple vista,
conlleva una gran injustica para el desarrollo de nuestros territorios. Por una
parte, porque implica una sensible disminución en los recursos que perciben las
Municipalidades y que se traducen en obras sociales, ambientales e
infraestructura. Pero además porque no hace ningún tipo de diferenciación entre
pequeños, medianos y grandes productores.
Para
muestra, un botón. Según una nota de
prensa publicada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) en su página
http://www.ungl.or.cr/ , una gran empresa dedicada
a la producción de palma y ubicada en el cantón de Osa posee terrenos de uso
agropecuario valorados en ¢7.473.082.320 millones.
Esta empresa actualmente tributa a la
Municipalidad ¢18.682.705 millones anuales, sin embargo con la exoneración del
80% que plantea el sector agrícola, pasaría a tributar menos de ¢4 millones por
año, es decir, se ahorraría más de ¢14 millones en impuestos municipales. Este
monto equivale, por ejemplo, a más del doble del presupuesto promedio de una
Oficina Municipal de la Mujer.
Esta situación se repite en muchos otros
cantones. Incluso, algunas Autoridades Municipales han señalado que las grandes
industrias del agro estarían reduciendo sus tributos hasta en un 70%. ¿Es eso
solidaridad y justicia?
Solidaridad
y justicia tributaria. Sería
irresponsable entonces apoyar ciegamente una ley que beneficia a quienes más
tienen y que resta recursos a las comunidades para su desarrollo.
Por ello, he insistido en aprobar una diferenciación en el pago de tributos según sea
pequeños, medianos y grandes productores agrícolas. De manera tal que no se
afecten los recursos financieros de las Municipalidades ni el apoyo que éstas dan a las organizaciones en sus comunidades, como es el caso de las Juntas de Educación y las Asociaciones de Desarrollo.
En esto reside la verdadera
socialdemocracia: en la justicia social y un modelo de Estado solidario.
